El secretario de Otura tendrá que ser readmitido

FUENTE: LA OPINION DE GRANADA

Gregorio Marañón fue suspendido «por dejación de funciones» justo después de que denunciara al alcalde por posibles irregularidades urbanísticas

El juez ha obligado al Ayuntamiento de Otura a readmitir en su puesto de trabajo al secretario de la corporación, Gregorio Marañón Lizana, que fue suspendido provisionalmente «por dejación de funciones» justo después de que denunciara al alcalde de la localidad, Ignacio Fernández-Sanz (PP) y a su equipo de gobierno por posibles irregularidades urbanísticas.

Según han informado fuentes municipales, el juez ha suspendido la medida cautelar acordada, aunque se mantiene el contencioso-administrativo que interpuso el Ayuntamiento contra el trabajador.

El Consistorio abrió expediente al secretario, que se ha incorporado este mismo miércoles a su puesto de trabajo, para determinar a qué se debía el «excesivo retraso» acumulado en la tramitación e informe de los expedientes administrativos municipales, que «hubiera podido ser causado por la conducta del secretario, por una posible dejación de funciones o un retraso injustificado en el ejercicio de las mismas y pudiendo ser dicha conducta constitutiva de una o varias faltas disciplinarias de carácter grave o muy grave».

Marañón Lizana, que recibió el respaldo del Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local de Granada, denunció la emisión de facturas por la empresa de Vivienda y Suelo de Otura sin que se acreditaran las obras o servicios realizados; la supuesta contratación ilegal de la gestión recaudatoria del Ayuntamiento de Otura; y la posible contratación ilegal con una entidad financiera de un contrato de gestión de pagos y financiación por importe de 600.000 euros.

Además, llevó a los tribunales la supuesta contratación «en fraude de ley» de las obras de pavimento, césped artificial e iluminación en el campo de fútbol de Otura; y por último, la utilización de fondos para gastos no permitidos por la ley obtenidos a través de la venta de parcelas y que constituyen patrimonio municipal de suelo, denuncia que motivó la apertura de una investigación por parte del Juzgado de Instrucción 2 de Santa Fe.