Carlos López Martín, secretario del Ayuntamiento de Olvera de 1933 a 1936

Autor: Fernando Sígler Silvera (Aula de la UNED de Olvera)

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El abogado Carlos López Martín, perteneciente al cuerpo de secretarios de ayuntamientos por oposición, se hizo cargo de la secretaría del consistorio de Olvera en enero de 1933, en sustitución de Francisco González Campoy, que había dimitido para trasladarse a Águilas (Sevilla).

Procedía de Caniles (Granada), donde había estado ejerciendo igualmente de secretario municipal desde 1927.

Este jurista había estudiado en las escuelas avemarianas de Granada, y se consideraba discípulo del fundador de este centro educativo, el padre Andrés Manjón.

Con una beca siguió sus estudios en el Real Colegio de Santiago de Granada, y en 1918 se trasladó a Málaga para estudiar pilotaje en la Escuela Náutica.

Para sus prácticas, embarcó en el buque «Infanta Isabel de Borbón», que hacía periplos hasta América, y tras abandonar la navegación se instaló en Granada, en cuya provincia comenzó a ejercer su profesión de secretario municipal.

Una vez instalado en la secretaría de Olvera, afrontó entre sus primeras responsabilidades la redacción de un informe en el que justificó jurídicamente la nulidad de una serie de acuerdos que había adoptado el Ayuntamiento de Olvera durante la Dictadura de Primo de Rivera.

Esta actuación jurídica se enmarcaba en la política de investigación emprendida por la corporación republicana para averiguar las responsabilidades en las que hubieran incurrido los gobiernos locales del período dictatorial. Sobre la base de un informe de este letrado municipal, la corporación consideró nulos siete acuerdos de diversos pagos ordenados por la Comisión Municipal Permanente de 1926 a 1929 y tres por el Ayuntamiento pleno en 1929. Estos pagos, que sumaron 3.022,50 pesetas, fueron declarados ilegales porque habían sido hechos con cargo al capítulo de imprevistos de los presupuestos sin que hubiera crédito suficiente en los mismos, lo que contravenía el Estatuto Municipal y otras disposiciones. Dichos abonos se habían destinado al sostenimiento del periódico La Información de Cádiz, órgano de la Unión Patriótica; al pago de una escena religiosa de la parroquia; a gastos de viajes a Cádiz del oficial mayor Jerónimo de la Rosa para trámites en la delegación de Hacienda; y a la erección de un monumento nacional dedicado a Primo de Rivera.

El concejo decidió impugnar estos acuerdos por la vía contenciosa, declaró responsables a los concejales que votaron dichos pagos ilegales y exigió que dicha cantidad fuera reintegrada a las arcas municipales.

El informe lo firmó Carlos López Martín, cuando el Ayuntamiento lo presidía el socialista Salvador Casanueva.

Otra actuación destacada de Carlos López en la corporación de Olvera fue el informe que elaboró para sustentar el rechazo contra una reclamación presentada por el médico derechista Francisco Carazony Liceras contra el repartimiento de utilidades. En marzo de 1934 el Tribunal Económico Administrativo desestimó la reclamación de Carazony, lo que los munícipes olvereños interpretaron como un éxito profesional del secretario municipal.

Su prestigio como jurista explica que el presidente del colegio de secretarios lo propusiera el 28 de junio de 1934 como delegado gubernativo para las actuaciones que el gobernador civil de la provincia le pudiera encomendar, y así la primera autoridad provincial lo llegó a nombrar delegado suyo en la misión de dar posesión a las gestoras de varios ayuntamientos de la comarca de la Sierra de Cádiz tras los sucesos revolucionarios de octubre de ese año: Alcalá del Valle, Algodonales, Bornos, El Bosque4, El Gastor, Torre Alháquime y Villamartín.

También hizo de delegado gubernativo en el de Algeciras.

En su condición de de abogado –que compaginó con su puesto de secretario municipal–, en el verano de 1935 se encargó de la dirección técnica de un pleito que llegó a ser famoso en toda la región, el de Ronda la Vieja.

Defendió a sesenta colonos de una de las mejores fincas del término de Ronda que habían sido desahuciados por el propietario, Antonio María Avilés. Se entregó con gran entusiasmo a este pleito, en el que, según declaró, se debatía una cuestión de justicia social, y él se mostró contrario a este tipo de desahucios colectivos e inmotivados. Se trasladaba diariamente en coche desde Olvera hasta Ronda para trabajar en este asunto, con el fin de que los afectados no perdieran las mejoras efectuadas en la finca durante su largo colonato.

El juez que instruía el caso era Rafael Díaz Giles, quien falló en contra de los colonos, y Carlos López recurrió la sentencia. El caso pasó a un juez especial, el titular del juzgado de instrucción de Gaucín, Andrés de Castro, quien finalmente falló a favor de los colonos.

El éxito que obtuvo con este asunto le granjeó un gran prestigio en Ronda. Carlos Martín pidió seis meses de licencia en el consistorio de Olvera y en marzo de 1936 fue nombrado provisionalmente secretario del Ayuntamiento de Ronda, plaza que había solicitado al haber quedado vacante por la excedencia otorgada a su titular, José María Carande Uribe, siendo sustituido en Olvera por Jerónimo de la Rosa González como secretario interino. En Ronda contrajo matrimonio el 1 de junio.

El inicio de la guerra le sorprendió en Málaga, y al triunfar el golpe de Estado contra la República en Olvera, la corporación golpista presidida por Rafael Corrales lo destituyó de su puesto de secretario municipal el 21 de octubre, alegando que no se presentó a su puesto el 3 de septiembre, cuando expiraba su permiso, y que cuando las tropas nacionales tomaron Ronda él se marchó a zona republicana. El cargo de secretario interino fue adjudicado en diciembre a Luis Marra-López y Zulueta, de entre una terna de tres solicitantes de un concurso convocado en noviembre para cubrir esa plaza, si bien el gobernador sustituyó a éste en enero de 1937 por Adolfo García Abascal.

Carlos López se había reincorporado a su puesto provisional de Ronda el 25 de julio y en él permaneció hasta que ésta cayó en manos sublevadas el 16 de septiembre. Se trasladó a vivir a Caniles (Granada), en zona republicana, donde encontró un empleo de mecanógrafo en el Ayuntamiento el 1 de noviembre.

En este empleo estuvo hasta el 4 de mayo de 1937, en que fue nombrado secretario del Ayuntamiento de Guadix (Granada). Estando en esta plaza, fue requerido por el consejo provincial republicano instalado en Baza para que se hiciera cargo de la secretaría técnica de dicho organismo, cargo que comenzó a desempeñar a finales de diciembre de 1937 y en el que estuvo un año y medio.

Desde su domicilio de Caniles hacía diariamente el trayecto hasta Baza a pie. Posteriormente, al ser movilizado su reemplazo, fue destinado el 7 de marzo de 1939 al CRIM de Murcia, pero no se incroporó a este destino y se refugió en su domicilio de Caniles, donde se encontraba al finalizar la guerra.

Con el nuevo régimen, el 3 de julio de 1939 fue nombrado secretario del Ayuntamiento de Zújar (Granada), y en agosto solicitó a la gestora de Olvera que aceptara la dimisión de su cargo de secretario municipal, con renuncia expresa de cuanto pudiera corresponderle. Entonces el gobierno local olvereño pidió informes sobre su trayectoria al que fuera juez de instrucción de Ronda Mariano Gómez Contreras, en aquel momento en funciones de auditor de guerra en la provincia de Málaga, en la delegación de Jaén.

Éste remitió su informe en diciembre y el día 30 de este mes la gestora aceptó la dimisión del secretario.

Las autoridades vencedoras en la guerra civil sometieron a Carlos López a un expediente de depuración por su actuación en los ayuntamientos republicanos de Olvera, Ronda y varios de la provincia de Granada. Testificaron numerosos testigos derechistas de los distintos municipios en los que ejerció su trabajo y todos ellos lo hicieron de manera favorable al destacar que en el tiempo en que dependió de corporaciones republicanas cumplió su tarea de manera puramente profesional.

La dirección general de administración local no le impuso ninguna sanción y ordenó en 1943 su admisión al servicio. En ese momento ejercía de secretario del Ayuntamiento de Colmenar Viejo (Madrid).

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Nacido el 24.1.1897, abogado, oposición secretario de administración local, primera categoría 1927.