(Alcira, Valencia, 9 de febrero de 1945) es un político español.

En su juventud militó en la extrema izquierda, primero el PCE, el MCE y finalmente el FRAP. En la etapa inmediatamente posterior a finalizar sus estudios universitarios de Derecho había accedido por Oposición a una plaza de Interventor de la Administración Local, pero su primera militancia, todavía bajo el franquismo, le llevó a conocer situaciones de prisión y de exilio.

Posteriormente pasó al PSPV-PSOE, de la mano de su hermano Francisco Blasco que durante años será alcalde de Alcira, y principal dirigente de los socialistas de la comarca de La Ribera. En 1983 el socialista Joan Lerma, primer presidente de la Generalidad Valenciana, le nombra «Conseller» de Presidencia. Por esa época Blasco contrae matrimonio con Consuelo Císcar, secretaria personal de Lerma y hermana de Ciprià Císcar, Conseller de Educación y uno de los máximos dirigentes del PSPV-PSOE. En 1985 es nombrado «Conseller» de Obras Públicas y Urbanismo. Cuatro años después se presenta una denuncia por sobornos a funcionarios de la «Conselleria» a cambio de la recalificación de terrenos. El presidente Lerma lo destituye de su cargo, pero la invalidación de unas grabaciones telefónicas, presuntamente incriminatorias, le permite a Blasco salir absuelto.

Entre 1991 y 1994, vuelve a su plaza de interventor municipal y, tras varios intentos de fundar un partido propio, se aproxima al Partido Popular a través de Eduardo Zaplana, quien lo nombra subsecretario de Planificación cuando accede a la presidencia de la Generalidad Valenciana gracias a su victoria en las elecciones autonómicas de 1995. En 1999, Zaplana lo nombra Consejero de Empleo (1999-2000) y de Bienestar Social (2000-2003). Tras la marcha de Zaplana, el nuevo presidente Francisco Camps lo nombra «Conseller» de Territorio y Vivienda (2003-2006) y de Sanidad (2006-2007). Tras la reelección de Camps en 2007, Blasco pasa a la «Conselleria» de Inmigración, que Blasco logra llenar de competencias tras ser rebautizada como Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía. Durante ese tiempo es cuando tiene lugar el «caso de la cooperación». Tras la nueva victoria electoral del Partido Popular en la Comunidad Valenciana en 2011, Camps recibe presiones de la dirección de Madrid para que Blasco no entre en el gobierno de la Generalidad. Entonces Camps lo nombra portavoz parlamentario, con la potestad de poder asistir con voz pero sin voto a las reuniones del gobierno valenciano, a pesar de no formar parte de él.

Tras la dimisión de Camps en julio de 2011, y al conocerse los detalles del caso de la cooperación que parecen implicar a Blasco, el nuevo presidente Alberto Fabra lo mantiene como portavoz «mientras no sea imputado» y le niega el acceso a las reuniones de su gobierno.

El «caso de la cooperación»

El martes 12 de junio de 2012 se conoce la intención de la juez que lleva el «caso de la cooperación», de imputar a Rafael Blasco por su presunta implicación en la trama que se ha apropiado de unos seis millones de euros de los fondos de la Comunidad Valenciana para la ayuda a los países subdesarrollados y que nunca llegaron a su destino, cuando Rafael Blasco era Conseller de Solidaridad y Ciudadanía, que era el departamento que aprobaba las ayudas. Al conocerse la noticia, el presidente del Partido Popular en la Comunidad Valenciana y presidente de la Generalidad Valenciana, Alberto Fabra, que hasta entonces le había mostrado su apoyo, decidió apartarlo temporalmente de sus funciones de portavoz del grupo popular en las Cortes Valencianas. El viernes 22 de junio la fiscalía informa favorablemente sobre la imputación de Blasco.

El 1 de octubre de 2012 Blasco fue imputado como presunto autor de seis delitos (fraude de subvención, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y falsedad documental) cometidos durante su etapa como consejero de Solidaridad y Cooperación (2008-2011) en el Ejecutivo que presidía Francisco Camps. Al conocerse la imputación, Blasco renunció a su puesto de portavoz parlamentario del Partido Popular en las Cortes Valencianas.

El 25 de junio de 2013 Rafael Blasco presentó en el registro de las Cortes Valencianas una petición para obtener la condición de diputado no adscrito, horas antes de la reunión del grupo parlamentario del Partido Popular en la que estaba prevista su expulsión.

En el mes de mayo de 2014 el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana dictó sentencia por la que condenaba a Rafael Blasco a ocho años de prisión y veinte de inhabilitación para el ejercicio de cargo público, como autor de un delito de malversación de caudales públicos, al considerar probado que se apropió, en el ejercicio de su cargo, de fondos destinados a programas de cooperación con Nicaragua.

El Tribunal Supremo confirmó la condena a Blasco, si bien rebajó de ocho años a seis años y medio de cárcel la pena. El día 15 de Junio de 2015 ha ingresado a primera hora de la mañana en el centro penitenciario de Picassent (Valencia) para cumplir su condena.