Un concejal de Cervera, a juicio por injuriar al exsecretario municipal
La Audiencia rechaza el último recurso y el acusado se sentará en el banquillo. Fiscalía pide una multa de 18.000 euros para el edil Raimon Fusté por injurias
El concejal de Solucions i Futur (SiF) de Cervera Raimon Fusté será juzgado por un presunto delito continuado de injurias contra el que fuera secretario del ayuntamiento hasta septiembre de 2011, Joan Roca, después de que la Audiencia Provincial de Lleida ha rechazado el recurso presentado por el edil. La defensa del denunciado alegó que no había podido participar en las declaraciones de varios testigos. Pero ahora la Audiencia considera que su ausencia en estas declaraciones no le han causado indefensión y su abogado puede preguntar a los testigos en el juicio. Además, el denunciado solicitaba la práctica de nuevas pruebas, pero el tribunal considera que esta petición se lleva a cabo “de forma totalmente irregular”. Por ello, la Audiencia “no advierte en todo lo actuado ningún defecto en las normas de procedimiento”.
La Fiscalía de Lleida pide una multa de más de 18.000 euros para el concejal Raimon Fusté, a quien acusa de un delito continuado de injurias contra el que fuera secretario del consistorio. Fusté habría acusado en plenos y cartas a medios de comunicación a Roca de “dirigir” la redacción del plan urbanístico municipal (Poum) para beneficiar a la promotora inmobiliaria de un familiar suyo. Para el fiscal, todo se reduce a “una campaña para desprestigiar al exsecretario municipal”.
El Ministerio Público acusa a Fusté de “sembrar dudas sobre el comportamiento de Joan Roca y generar una alarma social” que el propio edil “conocía infundada”, una actuación que califica de “vergonzosa”. El fiscal la atribuye a “resentimiento del concejal contra el exsecretario municipal, que años atrás había emitido “informes negativos por ilegalidad urbanística” sobre obras en un chalet de la familia Fusté y también le había obligado a pagar impuestos por una unidad de actuación urbanística con los que estaba disconforme. Para el fiscal, el “acoso y desprestigio” por parte del edil se confirma por el hecho de que Fusté sabía que toda la actuación del consistorio había sido investigada “exhaustivamente” por la Fiscalía a raíz de acusaciones por supuestos delitos urbanísticos, que fueron archivadas en 2008.
