Sin mecanismos de control
FUENTE: www.laprovincia.es
La colocación de personas no habilitadas, y tal vez más fáciles de manejar, en los puestos de control del Consistorio encaja con las disputas que tuvo Carmelo Vega con el ex secretario.
Los funcionarios municipales del Ayuntamiento de Santa Brígida detenidos dentro de la operación Brisan alertaron al juez que instruye el caso sobre la dificultad de detectar anomalías al colocar en los puestos de control y fiscalización a personas no habilitadas para esa tarea. A los políticos muchas veces les «molestaban» personas que no fueran fáciles de manipular. Este hecho trae a colación la guerra desatada por el ex alcalde Carmelo Vega contra el ex secretario municipal de la villa Marcelino López Peraza.
El secretario se encargaba de advertir e impedir en muchas ocasiones que se cometieran irregularidades. Su función era la de comprobar que existían informes técnicos que apoyaran la viabilidad o no de lo que quería aprobar el Ayuntamiento.
La persistencia y la insistencia de López Peraza en cumplir estrictamente con la tarea de dar legalidad a todo lo que sucedía en el Consistorio le generaron muchos conflictos. El ex secretario se negó tajantemente a exonerar del pago de un impuesto a la UTE Santa Brígida en la construcción del edificio de aparcamientos subterráneos y centro comercial en la villa porque, en este caso concreto, no se cumplían los requisitos para no pagar los 684.000 euros del ICIO.
López Peraza fue uno de los que también avisaron, según declaró en el juicio contra el ex alcalde Carmelo Vega y varios concejales, sobre la necesidad de abrir expediente para el derribo de un parterre que terminó en una condena a los imputados. La decisión del derribo se tomó en un momento que estaba de permiso.
El ex secretario también advirtió que la tesorera municipal, Ana María Ortega Suárez, tenía que tomar posesión de su cargo porque venía nombrada del Gobierno de España y había sido publicado en el Boletín Oficial. El Ayuntamiento no tuvo más remedio que hacerlo, pese a las primeras reticencias, ante las amenazas del Gobierno de que de no hacerlo tendría que remitir el asunto a Fiscalía.
López Peraza y Ana María Ortega lograron al mismo tiempo sus traslados a otros municipios de la Isla tras los enfrentamientos que ambos tuvieron con el alcalde Carmelo Vega durante muchos años. El ex secretario denunció en su momento ante la Fiscalía el acoso sufrido por parte del ex alcalde. Por este motivo el juzgado de instrucción número seis de Las Palmas de Gran Canaria imputó a Vega los presuntos delitos de coacción, injurias y amenazas.
La negativa de López Peraza a saltarse la legalidad en algunas actuaciones motivó que se le abrieran expedientes disciplinarios que en un principio le conllevaron una sanción, pero que finalmente fue anulada.
Los funcionarios que desempeñaron accidentalmente puestos de control y que aprobaron asuntos que podrían derivar en presuntos delitos tienen que asumir ahora toda la responsabilidad de sus actuaciones.
