Operación Pulpo: Declaran el vicesecretario y la interventora de la Diputación provincial
Continua en el Juzgado de Instrucción num 1 de Lugo la toma de declaración a los investigados en la Operación Pulpo.
Esta mañana han acudido a declarar el vicesecretario de la Diputación provincial, José Antonio M.C., que en el anterior periodo legislativo ejerció como secretario. Después fue la interventora Rosa A. F. y finalmente el asesor de fondos europeos durante la presidencia de Besteiro, José Enrique R. C.
El vicesecretario de la Diputación Provincial, José Antonio M.C, figura como investigado por los delitos de prevaricación, tráfico de influencias, fraude a las administraciones públicas, fraude en subvenciones, malversación de caudales públicos y facilitación de información privilegiada.
Su condición de investigado en la operación pulpo se refiere al tiempo en que ejerció como secretario general de la Diputación durante el mandato de Gómez Besteiro, si bien después marchó para ejercer la secretaria general del ayuntamiento de Lugo, a la cual renunció como consecuencia de su implicación en el caso, habiendo regresado, en la actualidad a su plaza como vicesecretario de la Diputación.
Posteriormente prestó declaración la interventora de la Diputación, Rosa A.F., quien aseguró a los medios de comunicación, antes de su declaración, que se encontraba «tranquila». La interventora figura como acusada de tráfico de influencias, fraude a las administraciones públicas, fraude en subvenciones y malversación de caudales públicos.
Finalmente el tercer funcionario citado a declarar es un antiguo asesor de fondos europeos de la Presidencia con Gómez Besteiro, José Enrique R.C, acusado de tráfico de influencias, fraude a las administraciones públicas, uso de información privilegiada y malversación de caudales públicos.
A las declaraciones asistieron varios abogados, entre ellos la letrada Esperanza Ferreiro que se ocupa de la asistencia jurídica de Besterio. La letrada volvió a insistir en que todas las decisiones adoptadas en el organismo provincial tienen un respaldo jurídico y legal. Recordando que los funcionarios ya expresaron en su momento que no habían apreciado irregularidad alguna en los procesos que se investigan.
Como se recordará la Operación Pulpo arrancó en 2013 como un supuesto caso de acoso laboral entre dos trabajadores de la Diputación de Lugo, si bien en marzo de este año la jueza decidió imputar a siete cargos y funcionarios de la institución provincial al detectar «irregularidades» en la gestión del programa turístico ‘Km0’, adjudicaciones «ilícitas» para «favorecer» a Monbus y subvenciones «fraudulentas» al Breogán.
