Luis Francisco Martín deberá dejar sus cargos públicos tras una revisión judicial
FUENTE: www.tribuna.net
El concejal de Cultura y portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Béjar, Luis Francisco Martín, deberá dejar sus cargos públicos tras un nuevo auto de la Audiencia Provincial que saldrá a la luz en breve y al que ha tenido acceso este diario. De esta forma, se ratifica el auto dictado por el Juzgado de Primera Instancia de Salamanca sobre el llamada ‘caso del secretario’.
Al parecer, la Audiencia Provincial ha condenado a Luis Francisco Martín Hernández como autor de un delito de usurpación de funciones del artículo 402 del Código Penal a la pena de un año de prisión e inhabilitación especial para empleo o cargo público en la Administración Local, Provincial, Autonómica, Nacional o Institucional incluida la derivada de elección durante el tiempo de la condena (un año).
En principio, se amplía la anterior condena al estimar el tribunal un recurso de la acusación al considerar la anterior sentencia como escasa en su condena. Los hechos se remontan a noviembre de 2003, cuando Cirilo Hernández, alcalde de Bercimuelle, denunciara delitos de prevaricación, fraude, usurpación de funciones (para un total de siete acusaciones), contra Martín por ocupar el cargo de secretario en Puente del Congosto sin tener capacitación oficial para tal y ocupar el mismo tiempo otro cargo público como edil en Béjar.
Finalmente, la primera vista se celebró en mayo de 2004, resultando el imputado absuelto de seis de los siete delitos de los que se le acusaba. La sentencia del tribunal salmantino estimaba que Luis Francisco Martín debía ser condenado a un año de prisión y un año de inhabilitación para ejercer el derecho de sufragio pasivo por usurpación de cargo público. Según este auto, no tenía que cumplir estrictamente pena de cárcel al no superar el año y sólo tenía que guardar un año sin poder presentarse a unas elecciones, de ahí que justificara entonces su no dimisión. El nuevo auto cambia la situación totalmente, pues obliga a Martín a dejar desde ya todos sus cargos públicos, una sentencia contra la que, al parecer, ya no cabe recurso ordinario alguno, únicamente derecho de casación que no suele acarrear cambios.
Por otro lado, el nuevo auto también condena a María Soledad Arana Martín (alcaldesa del PP de Puente del Congosto) como autora de un delito de prevaricación del artículo 404 del Código Penal a la pena de 7 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público de carácter electivo, con pérdida de los honores que lleva consigo, y sin posibilidad de obtener el mismo durante el tiempo de condena.
Arana sufre un varapalo importante, pues de ser condenada a seis meses de inhabilitación para ejercer el derecho al sufragio pasivo como cómplice en un delito de usurpación de funciones, ahora tendrá que dejar la Alcaldía y no ocupar un cargo público en los próximos siete años.
