Los tribunales anulan el nombramiento del Adjunto al Interventor y el Tesorero General de la Diputación de Salamanca
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha comunicado a la Diputación Provincial de Salamanca un auto en el que anula la incorporación de M. F. V. y F. M. M. como Adjunto a la Intervención y Tesorero General, respectivamente.
Esta decisión judicial responde a una reclamación para que se ejecutara una sentencia de noviembre de 2010, cuando el propio tribunal regional dictaminó que había que acatar la sentencia que declaraba incorrecta la adjudicación, que se inicia en 2007, de estos dos puestos.
Ahora, el TSJ conmina a la Diputación provincial a ejecutar la sentencia de manera definitiva, algo que la institución ha estado evitando todos estos años. Según el auto, la Diputación ha recurrido a la práctica de cesar y volver a nombrar a los titulares de estos dos puestos para simular el cumplimiento de las sentencias. El TSJ recoge en el auto las reclamaciones de la parte demandante, que considera «las actuaciones practicadas por la Diputación Provincial de Salamanca constituyen una ‘burla’ de lo acordado».
El auto hace referencia a las innumerables ocasiones en las que la Diputación ha recurrido a cesar y nombrar de manera casi simultánea a los titulares de estos puestos para evitar la ejecución efectiva de las sentencias que consideran su nombramiento incorrecto. Así ha ocurrido bajo el mandado de Javier Iglesias, cuando el 28 de abril de 2011 el pleno cesaba y, simultáneamente, nombraba a M. F. V. como Adjunto a la Intervención, situación que se repite en mayo de 2012. Además, en el auto el TSJ considera que esta manera de obrar «constituye en realidad una vía indirecta para frustrar los efectos de la sentencia pronunciada», «consiguiendo que los funcionarios cesados sigan ocupando los mismos puestos o semejantes sin que para su cobertura se observen los correspondientes procedimientos provisorios».
Según las sentencias, el puesto de Adjunto a la Intervención está reservado a los funcionarios de categoría superior, pese a lo cual la Diputación ha optado por cubrirlo por libre designación y con reserva de puesto a la categoría segunda, lo que le permite esquivar el cumplimiento de los mandatos sobre los puestos de trabajo y las condiciones de quiénes deben asumirlos. El puesto tiene un complemento específico de algo más de 33.000 € al año. Y lo referido para el puesto de Adjunto a la Intervención rige, según el auto del TSJ, para la incorporación de F. M. M. al puesto de Tesorero General.
