La querella que presentó el secretario de Sorlada contra el ex alcalde, por calumnias e injurias, es archivada
La querella criminal que Jose Miguel Corres Botella, secretario del Ayuntamiento de Sorlada interpuso contra el ex alcalde, José Luis Irisarri, por calumnias e injurias durante la celebración de un concejo abierto ha sido archivada por la Audiencia Provincial de Navarra al estimar el recurso de apelación presentado por el acusado. La Audiencia deja así sin efecto un auto dictado el 3 de abril de 2009 por el Juzgado de Primera Instancia de Estella nº 2, por el que continuaba la tramitación de las diligencias previas, y se ratifica en un auto anterior, de 16 de febrero de 2009, en el que se dictaba el sobreseimiento provisional, por lo que la decisión es firme.
Los hechos ocurrieron en julio de 2007, cuando durante la celebración de un Concejo abierto, el ex alcalde insultó al secretario y le acusó de haber falsificado su firma mientras él estaba en el cargo para favorecer el empadronamiento en Sorlada de varios ciudadanos rumanos, lo que pudo influir decisivamente en el resultado electoral y para que Irisarri no fuera reelegido.
Desde el primer momento Irisarri reconoció los hechos, pero añadió que le acusó de falsificación porque no le permitía ver los papeles en los que figuraba su firma. La sala considera que es «necesario examinar la forma, el momento y también el lugar» de los hechos para «analizar la voluntad que guiaba» al acusado en sus expresiones. Dice que éstas son «improcedentes e innecesarias», pero reconoce que ejercía su derecho de participación democrática y, aludiendo a una sentencia del TC, reconoce que «cuando las libertades de expresión operan como instrumentos de los derechos de participación política (como es un concejo abierto) debe reconocérsele mayor amplitud que cuando actúan en otros contextos». Así, estima que «no parece debidamente justificado que lo pretendido fuera precisamente menospreciar la dignidad o estima» del secretario, y añade que Irisarri se disculpó públicamente ante los vecinos.
En cuanto a la acusación de calumnias, indica la sala que «concurría una discrepancia sobre una gestión municipal relevante, lo que impide estimar que la acusación se hiciera con dolo, es decir, con conciencia de que no existiendo falsedad o siendo notorio no tuvo lugar, se quiso imputar al secretario de un delito de falsedad».
