La exalcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, y el vicesecretario piden que se sobresea la causa por la aprobación del PGOU
La denuncia del fiscal y la investigación abierta estuvieron justificados, pero seguir adelante tras las declaraciones de los testigos y de las pruebas aportadas a la causa, no. Así lo asegura la defensa de la exalcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, en un escrito dirigido al juez que instruye la causa por la supuesta falsificación de las actas del PGOU, en el que pide el sobreseimiento.
También la defensa del vicesecretario municipal, Javier Alberto de las Cuevas, investigado en esta causa, reclama el sobreseimiento. En un escrito presentado el 10 de julio, el letrado Diego Martín Reyes, que representa a De las Cuevas, explica que no hubo falsedad en el acta, que fue aprobada en la siguiente sesión sin que se interpusiera recurso alguno.
El abogado hace mención al conocimiento del público en general y de los concejales acerca del contenido de los planos en cuanto a las lindes, tanto por las informaciones periodísticas publicadas en aquellos días como por el contenido de la comisión. También señala que los cambios realizados en las lindes eran exigencia de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio como requisito indispensable para que ésta aprobara definitivamente el PGOU de Marbella.
En relación con la supuesta modificación del acta, el letrado señala los momentos del pleno en que, según recoge la grabación de la sesión, su defendido hace referencia a los nuevos documentos recibidos y recuerda que en el pleno no se leen los informes aportados al expediente del PGOU, sino que se mencionan y al momento de redactar el acta se transcriben literalmente. «La diferencia entre la mención en el transcurso del pleno de lo ya conocido y la trascripción literal del informe no puede constituir falsedad alguna porque no altera la verdad en la narración de los hechos -subraya-. La falsedad es un engaño, pero no es posible el engaño a quien está perfectamente informado como era el caso de los concejales del pleno del 29 de julio de 2009».
