La denuncia que inició el caso partió del interventor municipal
Al filo de las doce del mediodía de ayer un equipo de la Policía Judicial de la Guardia Civil acudió al local de la Gerencia de Urbanismo por orden del titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Castro Urdiales. Tenía por objetivo requisar diversa documentación relacionada con el pago de facturas en materia urbanística y que abarcan tanto a esta legislatura como la anterior, y en concreto, desde el año 2006.
Al parecer, esta denuncia habría partido del propio interventor municipal castreño que habría sido el encargado de poner en conocimiento del Juzgado de Instrucción número 2 las irregularidades por las que se investiga la actuación desde 2006 del equipo de gobierno en varias materias, entre ellas el urbanismo. El juez podría estar revisando actuaciones que pudieran ser constitutivas de los delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos.
La Guardia Civil, en funciones de Policía Judicial, comenzó el miércoles a requerir documentación al Consistorio y ayer inspeccionó su Gerencia de Urbanismo, de la que se ha llevado, alrededor de las cuatro de la tarde, una carretilla con ocho carpetas de expedientes y varias decenas de folios atadas en tacos.
Entre ellos, el expediente referente a la urbanización ‘Residencial San Pelayo’ que promueve la empresa Sacyr Vallehermoso. El 19 de junio de 2006, la Junta Vecinal de Santullán presentó una primera denuncia motivada porque la empresa constructora ocupó alrededor de 3.000 metros cuadrados de suelo rústico contemplado en el Plan General de Ordenación Urbana y pertenecientes a la propia Junta Vecinal.
Entonces, Julián Revuelta (PSOE), aseguró que el cargo de parlamentario que ostentaba en ese momento Muguruza – entonces alcalde y diputado regional del PRC- «estaba retrasando» la tramitación de la denuncia que se encontraba precisamente en ese Juzgado de Instrucción Número 2 de Castro Urdiales. La Junta Vecinal decidió ampliar la denuncia incluyendo en la misma a Muguruza y al entonces concejal de Obras de Castro, Salvador Hierro (IU), por un presunto delito de prevaricación.
