Enrique Martínez Díez, vicetesorero del Ayuntamiento de Burgos, gana el Premio Fernando Albi con un trabajo sobre la nueva tasa de residuos y sus riesgos
Esta mañana ha tenido lugar, en el Palacio Provincial de Alicante, el acto de entrega de los Premios Fernando Albi, un prestigioso galardón convocado por la Diputación de Alicante con el fin de impulsar el desarrollo de estudios que pongan en valor la administración local y la labor que realizan sus profesionales.
El trabajo “La nueva tasa local de gestión de residuos derivada de la Ley 7/2022, de 8 de abril: análisis crítico de su fundamento, configuración y repercusiones. Una propuesta concreta de aplicación práctica” de Enrique Martínez Díez, vicetesorero del Ayuntamiento de Burgos, se ha alzado con el primer premio, dotado con 10.000 euros.
Asimismo, el jurado ha concedido un accésit de 3.000 € a la obra “Aplicación práctica de las contraprestaciones exigibles por la prestación de servicios locales; tasas, precios públicos, prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario y precios privados”, presentada por Miguel Ángel Valenzuela Villarrubia, vicetesorero del Ayuntamiento de Málaga.
El presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, quien ha presidido este acto junto a la vicepresidenta segunda y diputada de Asistencia a Municipios, Marina Sáez, ha destacado la calidad y el rigor científico-técnico de ambos estudios “que vienen a realizar una importante aportación al mundo de la administración local, planteando, desde una perspectiva experimental y práctica, cuestiones de gran interés y actualidad”.
En este sentido, el trabajo ganador aborda las repercusiones de la nueva tasa de gestión de residuos “inspirada en el principio de quien contamina, paga y basada en el sistema de pago por generación” que, según su autor, “más allá de la finalidad ecológica que persigue, tiene un más que evidente afán recaudatorio”, ya que la tasa se verá incrementada al menos un 70% para poder cubrir totalmente la prestación del servicio, tal y como establece la ley.
Asimismo, Martínez Diez explica en su trabajo que el sistema de pago por generación que se establece, con mecanismos de identificación del tipo y cantidad de residuos, “puede dar información que afecte al derecho a la intimidad personal y familiar, dando acceso a datos sobre hábitos de consumo o incluso de salud”, al tiempo que advierte de que la transposición de la normativa europea al Derecho español, que cuestiona que fuera ‘obligatoria’ en cuanto al sistema de pago por generación, incide más en la “justicia ambiental” que en la “justicia social” o “justicia tributaria”, ya que “no siempre el que más residuos genera es el que más renta ingresa o quien más patrimonio posee, porque la generación de residuos está vinculada al número de miembros que posee la unidad familiar y muy particularmente a la presencia de personas con especiales necesidades como niños pequeños, ancianos y dependientes”.
“Siguiendo la lógica de la justicia ambiental, las rentas más altas podrían adquirir un coche ecológico y pagar menos impuestos y las más bajas pagarían mayores impuestos”, ha ejemplarizado para poner de manifiesto la “injusticia” del sistema.
Como conclusión, Enrique Martínez sostiene que “lo que subyace a esta nueva tasa de residuos es una concepción excesivamente obstinada de la ecología, que en su afán por imprimir un prisma ambientalista a todas las realidades de la vida, olvida que el fin no justifica los medios y aparta del centro de su razón de ser a la persona para poner en su lugar al medio ambiente”, por lo que el funcionario burgalés apuesta por “hilvanar una ecología integral”.
