En la operación «Patos», la secretaria y la interventora de Ponteareas citadas a declarar
El juzgado de Ponteareas ha imputado al exalcalde de Ponteareas, Salvador González Solla y a la teniente de alcalde, Belén Villar, por delito de prevaricación y trafico de influencias en adjudicaciones de contratos y obras publicas de varias administraciones. También están siendo investigados por este mismo delito la secretaria y la interventora del Ayuntamiento.
Los cuatro han sido citados a declarar al juzgado de instrucción número 2 que ha abierto diligencias previas tras la presentación de una querella por parte de la Fiscalía.
El día 10 de diciembre han sido citados a declarar el exalcalde popular a las 10,00 horas y la secretaria municipal a las 12,00 horas. El día 14 será el turno de Belen Villar a las 11,00 horas y de la interventora municipal a las 12,00 horas
La incoación de diligencias se debe a la inhibición del juzgado de instrucción número 7 de Vigo en favor del de Ponteareas en lo relativo a los hechos ocurrido en O Condado dentro de la denominada operación Patos.
Lo que está investigando el juzgado de Ponteareas es el resultado de las actuaciones de la Unidad de Delitos Fiscales y Económicos de la Policía, que en su día intervino el teléfono móvil de la teniente de alcalde, Belen Villar, que además de edila de Hacienda era empleada del empresario constructor Enrique Alonso Pais, imputado en la misma operación como presunto cabecilla, y en otras averiguaciones documentales.
La UDEF ha centrado su investigación, de un lado, en la adjudicación de la estación de tratamiento de agua potable (ETAP) a la empresa Aquagest
El juzgado investiga si el contrato de gestión de la estación potabilizadora cumplió o no la legalidad. Pues según se recoge en los informes policiales, esta adjudicación se hizo «por la vía del hecho», «sin licitación ni procedimiento administrativo legal alguno».
El contrato fue firmado con la empresa Aquagest, que actualmente se denomina Viaqua. El ayuntamiento prorrogó el acuerdo con esta empresa hasta el año 2020.
Por otro lado, la Policía también ha investigado supuestas irregularidades en la tramitación de una subvención de la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader), para la que se habrían falsificados documentos. Al parecer según la UDEF se justificaron obras como si hubiesen sido realizadas «con los medios propios del Ayuntamiento» cuando, en realidad, «las ha realizado una empresa privada». La policia, en este caso, además, cree que pudo haber un delito contra la Hacienda Pública, porque las obras subvencionadas (en las inmediaciones del río Tea) recibieron fondos de la UE
