El Tribunal Superior de Justicia de Baleares ordena readmitir al interventor de Maó y pagarle 150.000 €
El Tribunal Superior de Justicia de Baleares ha dictado sentencia en relación al cese del interventor municipal de Maó. El Ayuntamiento tiene que readmitir como funcionario interino en calidad de interventor municipal a Manuel Velarte Pérez a quien se despidió en enero de 2009. La sentencia, contra la que no cabe recurso alguno, señala además que habrá que reintegrarle todas las retribuciones dejadas de percibir desde que fue suspendido cautelarmente y que ascienden a unos 150.000 euros.
El fallo judicial señala que los argumentos en que se basaron para acusarle de dos faltas disciplinarias por no atender sus funciones y una falta notoria de rendimiento son falsos.
El conflicto surge en julio de 2008 cuando Vicenç Tur, entonces alcalde accidental, pidió por escrito al interventor municipal un informe urgente para aprobar una subida de las tarifas del agua. Manuel Velarte respondió que para hacerlo precisaba de unos expedientes necesarios para elaborar el informe que se le exigía. Esta documentación nunca le fue entregada. Según la sentencia «los responsables municipales se negaban, por desconfianza, a entregarle» la documentación.
Con carácter previo, el 19 de mayo Velarte ya había presentado un estudio contrario a este aumento de precios. Según indica el fallo judicial «desde este informe desfavorable comenzó a existir una relación tensa entre el interventor con el equipo de gobierno municipal». La sentencia insiste en que el 21 de mayo de 2008 toda esta situación de conflicto y crispación estalló. «La actuación profesional intachable del actor comenzó entonces a ponerse en duda, existiendo quejas del mismo de asuntos que incluso se retrotraían a enero de 2008».
Velarte fue suspendido de sus funciones en enero de 2009 a raíz de la incoación de un expediente disciplinario que concluía que el interventor había incurrido en tres faltas, como no hacerse cargo de las funciones que le habían sido encargadas, incumplir las funciones inherentes al lugar de trabajo, o la falta notoria de rendimiento.
Velarte acudió a la vía judicial asegurando que se había vulnerado su presunción de inocencia al suspender sus funciones antes de que el Govern balear, órgano competente, dictara una resolución final. A pesar de este paso, el Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears dio la razón al Consistorio mahonés en el cese decretado por Tur.
La sentencia apunta que el resto de cargos que se presentaron contra Velarte no se ajustaban a las definiciones de faltas por lo que no se podían sancionar. Todo esto llevo a la sala de lo contencioso administrativo a revocar el despido del interventor.
El equipo de gobierno actual espera poder negociar con el interventor la forma de pago de los 150.000 euros. Salvador Botella, el teniente de alcalde ha manifestado que habrá que solicitar un crédito para hacer frente a los emolumentos que se han dejado de abonar. Botella explicó también que han hablado con la hasta ahora interventora, Esperanza Cardona, para comunicarle que deberá abandonar su puesto en favor de Velarte.
