El interventor municipal del ayuntamiento de Estepona dimite por motivos de salud
El interventor municipal del Ayuntamiento de Estepona (Málaga), Juan Farrés, ha presentado hoy su dimisión por motivos de salud, si bien, el partido popular, achaca su renuncia con presuntas presiones del equipo de gobierno local.
En un comunicado, el Consistorio informó ayer que Farrés está “aquejado de un problema de salud”, por lo que ha optado por presentar su dimisión “de forma provisional y por prescripción médica”. Con ello, el Ayuntamiento pretende evitar “interpretaciones políticas malintencionadas”, ya que el mes pasado “el citado funcionario hubo de ser ingresado en un centro hospitalario, habiendo sufrido ayer una nueva recaída”.
Juan Farrés venía ocupando provisionalmente la vacante dejada por el interventor titular, Luis Alonso de Linaje Calzada, fallecido en abril de este mismo año en accidente de tráfico.Tras dicho suceso, Juan Farrés es el segundo interventor accidental del Ayuntamiento de Estepona, tras la dimisión del funcionario Luis Díaz, que sustituyó a de Linaje. Desde el consistorio se informaba ayer que se estudiaba una solución, y que la prioridad es encontrar a un funcionario que desee hacerse cargo de la Intervención Municipal para ser nombrado interventor provisional por decreto. Su primer objetivo debe ser el autorizar el pago de las nóminas de los trabajadores. La ausencia de un interventor podría paralizar la Administración local.
El concejal del PP, Ricardo Galeote, duda de las razones argumentadas por Farrés, y señala que su marcha es fruto de la «escandalosa gestión urbanística» del consistorio. Curiosamente Farrés, ha presentado su dimisión del citado cargo, dos días después de la publicación de la nueva Ley de la Vivienda Protegida y el Suelo, que obliga a los municipios a someter al control de la Junta los convenios urbanísticos, y a destinar los ingresos por este concepto al patrimonio de suelo y a la construcción de viviendas.
Por su parte, desde IU se indica que el alcalde, Antonio Barrientos (PSOE), presionó al interventor para que elaborara un informe que justificara el uso de dinero ingresado por convenios urbanísticos, aún no aprobados, para el pago de las nóminas del mes de diciembre de los 700 trabajadores de las empresas municipales, algo que prohíbe expresamente la Ley del Suelo.
Los hechos se producen casi una semana después de que el alcalde convocara un pleno para aprobar trece puntos urbanísticos antes de que entrara en vigor la normativa, y un día después de que el primer teniente de alcalde, José Ignacio Crespo, anunciara que el Ayuntamiento sólo podía pagar las nóminas de los 700 empleados hasta abril.
