El interventor de Maó denuncia presiones y persecución laboral
Manuel Velarte, el interventor de Maó que el lunes fue suspendido cautelarmente de sus funciones ha presentado alegaciones al expediente. En el Pliego afirma que el expediente del que ha sido objeto no es más que una consecuencia de su postura negativa a autorizar la subida de las tarifas del agua en el mes de mayo.
El interventor en el mes de mayo emitió hasta tres informes negativos a la subida de tarifas, no ya por el fondo de la cuestión, sino porque este aumento de tarifas no estaba fundamentado con documentos. De hecho, una subida de precios por parte de una empresa concesionaria de un servicio sólo será justificada, dice la ley, si el mantenimiento de las tarifas anteriores implica la ruptura del equilibrio económico de la empresa. En el caso de la subida de tarifas del agua en Maó, esta supuesta ruptura “no se acredita”, según el interventor, y así lo hace constar en los tres informes emitidos.
Tras los citados informes, Velarte denuncia que “se inicia primero una serie de presiones con una clara intención de intentar el cambio de sentido del informe, y cuanto esto no se produce, comienza una estrategia de persecución laboral de la cual el presente expediente es su máximo exponente y una prueba evidente”.
El interventor en sus alegaciones pone nombres a quien ejerce la presión: el gerente del Ayuntamiento, el director de los Servicios Económicos e incluso afirma haber recibido “alguna llamada telefónica de responsables de la empresa concesionaria”.
No obstante el interventor mantuvo su postura contraria a la subida “al no ser subsanados los defectos ni completados los informes”. Lo hace, asegura, “como consecuencia de la imparcialidad e independencia de quien suscribe”, y a partir de aquí la presión, afirma, se intensifica. “Se inicia una persecución laboral, buscando cualquier pequeño error, con constante presión, con una burda manipulación de los hechos, mediante la inclusión de escritos no notificados a esta parte en los expedientes municipales, y con una clara intención de descrédito (hacia el interventor) al objeto de tratar de dar cobertura al expediente”. Una tramitación que, además, denuncia que “nace con vicio de nulidad” al no haber existido oportunidad de defensa por parte del denunciado” y al no concretarse las acusaciones.
Unas acusaciones, las que constan en el expediente, que se centran en cuatro puntos: no haber elaborado un informe para la subida de tarifas de agua; negativa a emitir informes respecto a las nóminas de personal de enero, febrero, marzo y abril de 2008; negativa a informar la prórroga del contrato de servicio de socorrismo en las playas; y negativa a informar diversos expedientes de la inspección fiscal. Acusaciones técnicas que Velarte considera injustificadas y que rebate en su pliego de alegaciones. De hecho, asegura que “son cuestiones menores que de forma manipulada se han buscado para añadir al expediente para dar la apariencia de cierta fundamentación, de la cual es evidente que carece”.
El interventor concluye que “se está procediendo a una persecución laboral que atenta contra mi independencia y profesionalidad”. En consecuencia, asegura reservarse “cuantas acciones legales correspondan en defensa de mis legítimos intereses y del cumplimiento de la legislación vigente en materia de intervención”. Incluso no descarta llevar el caso ante los tribunales de lo Penal.
