El Ayuntamiento de San Adrián despide al interventor municipal interino
El Ayuntamiento de San Adrián acordó durante un pleno extraordinario celebrado ayer rescindir el contrato al interventor municipal Javier Cuenca que, desde hace casi diez años, trabaja con carácter interino en el consistorio.
Según un informe emitido por Administración Local, la contratación del funcionario incurre en un supuesto de nulidad de pleno derecho, ya que se realizó sin seguir el procedimiento legal, que exige la convocatoria de concurso público.
El alcalde de la localidad, Jesús Ángel Mendaza, reconoció ayer que los numerosos desencuentros entre el interventor y el Ayuntamiento precipitaron la solicitud de un informe al Ejecutivo sobre la legalidad de la situación laboral de Javier Cuenca. «He intentado, por todos los medios posibles, llegar a un acuerdo personal con él y no tener que proceder a un despido que, además, transcienda más allá de lo que es el funcionamiento interno del consistorio», explicó Mendaza.
Las quejas municipales se centran, principalmente, en que no elaborara los presupuestos del 2001, por lo que tuvieron que prorrogarse los del año anterior y, sobre todo, de que, a fecha de hoy, el funcionario no haya cerrado las cuentas del 2000. Durante los últimos meses del año pasado, el consistorio emplazó al interventor a realizar estos documentos lo antes posible. El alcalde, anunció públicamente que, si no se aceleraban los trabajos y se concluían los presupuestos antes de finalizar el 2001, se abriría un expediente laboral contra Cuenca.
Sin selección de candidatos
Según el alcalde de San Adrián, la medida se hará efectiva en los próximos días, una vez haya sido informado el Consejo de Navarra, tal y como se acordó en el pleno extraordinario de ayer jueves. La solicitud del dictamen al órgano consultivo foral fue respaldada por la totalidad de los 12 concejales que integran el Ayuntamiento adrianés.
La incorporación del interventor a la plantilla municipal se remonta al 1 de junio de 1992, cuando según afirma el alcalde, suscribió un contrato con el Ayuntamiento sin que se hubiese celebrado una selección previa de candidatos, tal y como marca la ley. Aunque en 1993, Administración Local requirió al consistorio que subsanase el error, el tema se había archivado hasta ahora.
