El Ayuntamiento de Maracena, obligado a devolver 600.000 euros
FUENTE: LA OPINIÓN DE GRANADA
El alcalde, la secretaria, el interventor y la tesorera tendrán que abonar 300 euros de su sueldo mensualmente hasta cumplir íntegramente con el pago
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Granada ha confirmado una sentencia que condenó al Ayuntamiento de Maracena (Granada), gobernado por el PSOE, a pagar 600.000 euros a una empresa constructora por incumplir un convenio suscrito en 2006 para la ampliación de las instalaciones deportivas de la localidad.
El titular, el magistrado Antonio Cecilio Videras, ordena a través de un auto, imponer al alcalde, el socialista Noel López, a la secretaria, el interventor y la tesorera del Ayuntamiento multas de 300 euros hasta que se cumpla íntegramente con la sentencia, que se declaró firme en diciembre de 2010 por parte del mismo Juzgado, de los sueldos que perciban mensualmente de la corporación.
De esta resolución ha informado este martes en rueda de prensa la portavoz local del PP de Maracena, María Victoria Molina, que ha señalado que la sentencia inicial, de fecha 25 de octubre de 2010, fue consecuencia de la denuncia planteada en 2008 por la empresa inmobiliaria Emilio Castro e Hijos contra el Ayuntamiento, una vez que el convenio firmado con el Consistorio en 2006 para ampliar las instalaciones deportivas municipales fue anulado judicialmente, ante el «silencio administrativo» del equipo de gobierno.
En el año 2007, tras el cambio de color político en el Ayuntamiento de Maracena, la empresa quedó queda a la espera de que se resuelva el convenio suscrito en 2006, que fue rechazado por no adaptarse a la nueva normativa de la LOUA.
«El equipo de gobierno socialista en vez de adaptar el convenio a la LOUA prefiere llevar a cabo un silencio administrativo mediante el que se niega a pagar la fianza de 600.000 euros, más intereses, a la empresa, que denuncia al Ayuntamiento, que a su vez no contesta los reiterados requerimientos del juzgado y rechaza ejecutar la sentencia firme», ha criticado Molina, que ha explicado que ante la negativa del Ayuntamiento de no ejecutar la sentencia firme y de no identificar a la persona responsable de llevar a efecto la sentencia, el juez contacta con todas las partes afectadas: alcalde, interventor, tesorera y secretaria para conocer todas las versiones y llegar a una conclusión.
Todas las partes hacen sus alegaciones «echándose la culpa unos a otros y arrojando balones fuera; el alcalde dice que es culpa y competencia del interventor, éste a su vez dice que es culpa del alcalde y de la tesorera mientras que es ésta quien admite que no hay liquidez».
«La verdad de todo esto es que los 600.000 euros parecen haber desaparecido de las cuentas del Ayuntamiento, a pesar de que el informe del propio interventor municipal reconoce que se ha consignado ese dinero en todos los presupuestos elaborados desde el año 2006», ha indicado Molina, que ha indicado, que, además de esta cantidad (a la que hay que incluirle unos 135.000 euros en concepto de intereses), el juez ha solicitado a la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía un listado de los bienes patrimoniales para que la empresa Emilio Castro e hijos «cobre o bien en dinero o en especies».
María Victoria Molina ha exigido al alcalde de Maracena que cumpla la sentencia «porque las leyes están para cumplirlas» y ha lamentado que los «grandes damnificados» sean los maraceneros «quienes pueden perder parte de su patrimonio si el Ayuntamiento no aclara dónde están los 600.000 euros que, según el interventor, constaban en las cuentas municipales».
Por su parte, el Ayuntamiento de Maracena ha emitido un comunicado en el que la devolución impuesta por el juez tiene su origen en el «irregular convenio urbanístico de planeamiento firmado por el Partido Popular durante su mandato».
El convenio, de junio de 2006, afectaba a cuatro unidades de ejecución de las vigentes Normas Subsidiarias de Maracena y conllevaba la obligación para la empresa Grupo Castro e Hijos de construir una residencia de mayores de 75 plazas (que nunca se hizo hasta que la actual corporación ha logrado su creación en otra ubicación con fondos del Plan E y con capacidad de 116 personas). Según la sentencia, el convenio debe anularse para «que las contraprestaciones en juego no resulten perjudiciales para la Administración». Para el Concejal de Economía y Hacienda, Antonio García Leiva, el convenio del PP preveía la creación de alrededor de 4.000 viviendas por lo que primaba la «especulación» a los intereses de la ciudadanía de Maracena.
Además la empresa se comprometía a aportar 600.000 euros al Ayuntamiento, cantidad que, como indicaba la sentencia, el Consistorio ha tenido que devolver. Para el edil socialista, «la nefasta gestión del PP en todas las materias y especialmente en la urbanística persigue al Consistorio incluso años después». «Debemos afrontar las consecuencias de las irregularidades urbanísticas que cometieron los populares mermando las arcas municipales al pagar las deudas de su mala gestión», argumenta.
Según la sentencia que anula este convenio, «es contrario a Derecho» al condicionar la función pública además de incurrir hasta en cuatro irregularidades como la no acreditación de las contraprestaciones en juego. Se esgrime que se anula: «Principalmente porque no existe en el expediente administrativo una cuantificación y valoración urbanística que sirva de adecuada garantía jurídica de que el nuevo plan no termine suponiendo que la administración urbanística acabe recibiendo menos de lo que la propia ley ya le garantiza en plusvalías o cesiones gratuitas».
Además, según el Ayuntamiento, las cesiones a la administración se deben integrar en el patrimonio público de suelo, y esta obligación se obvia tanto con ocasión del compromiso de creación de la residencia de mayores como con la aportación de los 600.000 euros. Asimismo, el convenio vulnera el POTAUG que contempla suelo de diversos usos para el vial UAU-07, ante lo que el Ayuntamiento alegó obviando su reserva de suelo y sin esperar respuesta administrativa.
Para García Leiva, resulta «indignante» que desde el PP «se dediquen a faltar a la verdad divulgando que el Ayuntamiento no ha atendido a sus obligaciones, heredadas de la pésima gestión popular, puesto que la devolución de los 600.000 euros ya se ha hecho efectiva».
