Discurso del interventor de Orihuela, Fernando Urruticoechea, de agradecimiento por el ‘Premi Llibertat d’Expressió 2016’
La Unió de Periodistes Valencians entregó ayer el Premio Llibertat d’Expressió, en su 35 edición, al interventor municipal Fernando Urruticoechea, por su “valentía e incansable lucha” en la denuncia de la corrupción en todos los ayuntamientos en los que ha trabajado.
Urruticoechea recogió el premio en el Paraninfo del Centre Cultural La Nau de la Universidad de Valencia de manos del presidente de la Unió, Sergi Pitarch. Este es su discurso de agradecimiento:
Bon dia i moltes gràcies a l’Executiva de la Unió de Periodistes Valencians per la concessió del Premi Llibertat d’Expressió en nom dels companys i companyes funcionaris d’habilitació nacional (FHN) que ejercemos como interventores o secretarios, en defensa de la legalidad en total soledad en los ayuntamientos donde trabajamos, sin amparo del Estado de derecho.
También por la posibilidad de sumarme al aplauso a la dirección de la Televisión Polaca por su gesto, insólito en nuestro país, de dimitir en bloque a causa del control y manipulación de la nueva Ley de Medios del actual gobierno ultraconservador.
Gracias a todos los presentes por arroparme en este acto tan emotivo de entrega del premio Libertad de Expresión en un momento profesional otra vez especialmente delicado por la persecución emprendida contra mí por el nuevo gobierno del PP del ayuntamiento de Orihuela, sólo y exclusivamente a causa de mi compromiso con las funciones de control de la legalidad de la gestión económica municipal que son las propias de un interventor municipal.
Premio de la Unió de Periodistes sorprendente para mí, que he sido linchado en múltiples ocasiones desde 2013 en los medios alicantinos, sin que nunca me dieran la posibilidad del contraste informativo, aunque yo tampoco lo busqué por la dificultad que conlleva para un profesional aislado oponerse a la ‘máquina del fango’. La excepción, el apoyo del Observatorio de la Ciudadanía contra la Corrupción de Alicante, OCC, y el Colegio COSITAL de Valencia en diciembre de 2015.
Confío en que sirva para llamar la atención de las instituciones valencianas competentes como la Sindicatura de Comptes y del órgano de tutela financiera de la Consejería de Hacienda, e intervengan en el ayuntamiento de Orihuela en defensa de la legalidad municipal y para que la ciudadanía no siga en total indefensión de su hacienda ante sus gestores públicos.
Como profesional, en los últimos 3 años, he visto conculcado mi derecho a la libertad de opinión y expresión cuando he detectado graves irregularidades.
También mi derecho al honor, a la intimidad personal y familiar, y a la buena imagen. Un funcionario no puede verse obligado a entrar en la pugna política y convocar ruedas de prensa en respuesta a las difamaciones contra los funcionarios que ejercen con responsabilidad sus tareas de control. Queda el difícil, costoso y muy desigual camino judicial, ya que los funcionarios acosados y difamados litigamos con nuestros propios medios económicos y los presuntos acosadores o difamadores, desde la administración pública, con medios públicos.
El derecho de la libertad de expresión está específicamente asociado en el art. 20 CE a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica y a la libertad de cátedra, pero no hay cauces especiales para funcionarios perseguidos por ejercer funciones de alerta.
En mi opinión, los fiscales no quieren saber nada del art. 215 CP de actuación de oficio en caso de funcionarios ofendidos por hechos concernientes al ejercicio de sus cargos.
Y por otra parte, no se ha traspuesto a nuestra normativa la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción de 31/10/2003, publicado en el BOE de 19/07/2006, en cuyos arts. 32 y 33 se recomienda la protección de testigos, peritos, víctimas y denunciantes.
Puedo constatar que el papel de un auditor interno en la vida de las organizaciones es, en general, complejo y delicado, y que cuando honesta y responsablemente ejerce su libre opinión le puede acarrear molestas consecuencias. Un auditor, como lo es cualquier interventor municipal, ejerce funciones de control para el buen funcionamiento y la salvaguarda de la acción del máximo mandatario de la institución, en este caso el alcalde; y nunca debe someter su labor al dictado del alcalde. Cuando la voz crítica de un interventor es ignorada y acallada, lo que se está intentando evitar en primera instancia son las mejoras en la organización, porque el enfoque de una buena auditoría empuja a la organización y en muchos de los municipios españoles a casi nadie le gusta ser empujado, pues las inercias administrativas burocráticas son muy poderosas. El “siempre se ha hecho así” es la máxima filosófica de la mayoría de nuestras oficinas municipales.
Después, siempre están los avisos de ilegalidad en forma de informes de reparo, que es la forma de intentar reconducir la gestión por la senda de la legalidad, sin que existe ningún órgano de mediación en el caso de que no se quiera por el alcalde u órgano de gobierno seguir la indicación. La consecuencia, casi siempre el desgaste personal del órgano controlador, cuando no el enfrentamiento, precisamente por falta de cultura democrática.
Interventores municipales
Casi ningún ciudadano sabe lo que es un interventor municipal. Sin embargo, nuestra función es la de defender el buen uso del dinero de los ciudadanos que el Estado de derecho recauda en forma de impuestos, tasas o contribuciones, para que se aplique según la ley. También servimos de garantía a los gobernantes, como guardaespaldas de la legalidad, al tener que informarles sobre las formas legales de lo que aprueban, para que no tengan problemas con la Justicia.
Debemos controlar todo lo que se ingresa y todo lo que se gasta en un ayuntamiento y para ello firmamos antes que los alcaldes las obligaciones de gastos, para que sepan que pueden ordenar tales gastos con tranquilidad, y firmamos también antes que el alcalde y que el tesorero todas las órdenes de pago y transferencias bancarias.
En teoría todo el mundo está de acuerdo en que este control previo de la legalidad de todos los actos económicos de un ayuntamiento es el más adecuado para que el alcalde nunca firme nada ilegal y que si lo hace, en contra del informe del interventor, sea un escándalo público.
Esta es la teoría, pero no funciona así la realidad económica de nuestros ayuntamientos. Recordemos los casos Gürtel, Brugal, Pokemon, Pretoria, Campeón, Mercasevilla, Marea, Castro Urdiales, Umbra, El Roblecillo, Auditorio. Y entre los últimos, Operación Púnica, Taula, facturas de Sevilla, etc.
No hay datos oficiales sobre la corrupción, sólo parciales de la Fiscalía General del Estado y las declaraciones del Ministro del Interior sobre detenciones practicadas. Según Wikipedia, en 2015 había unas 1.700 causas judiciales relacionadas con la corrupción y más de 500 imputados o investigados, de los cuales sólo 20 habían sido condenados y habían entrado en prisión.
En la prensa se dice que hay unos 1.000 ayuntamientos con investigaciones en marcha por corrupción. El récord lo tiene Murcia con 35 ayuntamientos investigados por corrupción de un total de 45. Esta situación en Murcia está en clara correlación con el hecho de que estén vacantes las intervenciones de 32 de sus 45 ayuntamientos, las secretarías de 18 y las tesorerías de 13.
La conclusión evidente es que en los casos de corrupción, en sus respectivos ayuntamientos no tenían a nadie que ejerciera las preceptivas labores de auditoría y control, sólo gente que se sometía a los dictados de los mandatarios corruptos.
Pero hay otro efecto buscado por parte de todos estos regidores municipales y es el de evitar al informante de la legalidad, al testigo molesto, al posible alertador de sus ilegalidades. En el caso reciente de la sentencia del Tribunal Supremo de archivo provisional de la investigación de la exalcaldesa de Jerez por adjudicar contratos a la rama andaluza de la trama Gürtel, resulta llamativo que haya sido porque no tenía conocimiento de que eran irregularidades. Esta situación habría cambiado si hubiera contado con un interventor que le hubiera hecho advertencia de las ilegalidades. En consecuencia, evitando a los alertadores de las irregularidades se evita estar investigado.
Alertadores en el infierno
Para evitar a los alertadores de irregularidades existen variadas posibilidades, según la escala territorial de la Administración:
-El Estado cuenta con un cuerpo especializado, organizado y jerarquizado de alertadores, la IGAE, que son nuestros hombres de negro.
-En las Entidades Locales, no se pudieron sustraer de la tradición al existir desde la República un cuerpo dual de funcionarios seleccionados por el Estado, responsables de velar por la legalidad. Los secretarios hacen el papel de los asesores jurídicos de las empresas y los interventores locales serían los auditores internos que se encargan de controlar las cuentas. Pero a diferencia de los interventores del Estado –sin organización ni jerarquía alguna–, cada secretario y cada interventor depende, funcional y económicamente, del alcalde; cada uno con su librillo particular, sin medios de coordinación, ni canales de comunicación, ni siquiera con los órganos de control externo que son los Tribunales de Cuentas. Ni cauce especial con las Fiscalías especializadas provinciales.
-A este galimatías se le une la posibilidad en los grandes municipios de que sean los ayuntamientos los que elijan “a dedo”, por libre designación, a estos funcionarios de élite, con lo que son importantes las posibilidades de no tener a alertadores molestos.
Ninguna de las 17 CC AA cuenta con cuerpo especializado de auditores internos y así de esta forma sus interventores se eligen por libre designación de entre sus funcionarios propios, sin necesidad de especialización previa, demostrada al modo constitucional de mérito, capacidad e igualdad. Todos sus interventores lo son “a dedo”, y así suceden espectáculos como los de los ERE en Andalucía, las ayudas de formación en todas las CC AA –aunque el espectáculo también comenzase en la de Andalucía–, o el de las facturas en los cajones –también en todas las CC AA–, así como la falsificación contable de parte de ellas, aunque EUROSTAT sólo haya sancionado por tales prácticas fraudulentas a la Comunidad Valenciana por ocultar facturas de Sanidad.
La sanción a la Comunidad Valenciana de 18,93 millones de euros de multa por la manipulación del déficit podía haber sido de 2.000 millones de euros al Reino de España, porque el balance definitivo hecho público por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de las facturas en los cajones abonadas mediante el Fondo para la financiación del pago a Proveedores fue de 41.814,8 millones de euros, permitiendo pagar más de 8 millones de facturas de casi 200.000 proveedores, de los que 30.129,15 millones de euros eran de proveedores de las CCAA y 11.595,47 millones fueron a los proveedores de los entes locales.
El coste de este despropósito –además de la única sanción de cerca de 19 millones– está siendo de miles de millones de euros para los ciudadanos en forma de intereses, destinados a la banca española.
¿Algún expediente de responsabilidad derivada o contable por tales y tan importantes perjuicios? De momento, la única noticia es que se ha encontrado un único chivo expiatorio en la figura del interventor general de la Comunidad Valenciana con Camps.
En los ayuntamientos desconozco la apertura de expediente disciplinario por los perjuicios ocasionados por los más de 11.000 millones de facturas en los cajones, pero sí de centenares de expedientes a los compañeros que se toman en serio su labor de alertadores de la corrupción o de irregularidades en la gestión.
El problema está en que carecemos de independencia, y al estar sometidos a las órdenes y condiciones económicas de los superiores políticos que son a los que tenemos que controlar es inevitable el envilecimiento, ya que si se quiere medrar profesionalmente se han de cumplir las instrucciones del alcalde.
La consecuencia de cumplir nuestra función escrupulosamente, al servicio de los intereses generales sometidos al Derecho, sin pensar en el desagrado de los superiores ni en la inutilidad de lo que se está haciendo, conduce inevitablemente a la marginación, cuando no a la postergación y al castigo.
Pero tal como analiza la situación de los funcionarios españoles un experto como Alejandro Nieto, existen funcionarios que no se doblegan ante la arbitrariedad y la injusticia, con la esperanza de que cambien las tornas, con la conciencia de que su sacrificio puede servir como testimonio que, oculto hoy, sea conocido algún día, para que los políticos desalmados no salgan ilesos. Pero a este tipo de funcionarios les basta con intentarlo, con acercarse un paso a la lejana y legendaria civitas justitiae. Y con estas ilusiones se realizan en su vida y profesión.
En las circunstancias actuales de falta de independencia, este tipo de funcionarios son una minoría pero los hay también especialmente entre funcionarios vocacionales y preparados como los FHN. Para estas decenas de compañeros y compañeras es el premio Llibertat d’Expressió.
Si buscamos, nos encontraremos con titulares como “Funcionarios en el infierno”, referidos a secretarios e interventores que denuncian casos de alcaldes que los persiguen. Traigo aquí algunos de los recogidos recientemente en la prensa o en el foro cerrado de Internet de FHN:
-Es el caso de Celia González, secretaria/interventora de Palas de Rei (Lugo), que ha conseguido después de 5 años de calvario, con varios expedientes disciplinarios, que se le abra juicio oral a su alcalde.
-El de Maria Antonia Martínez Barcia la exsecretaria municipal de Barreiros, donde su alcalde le abrió tres expedientes disciplinarios con el aval de la Xunta, cuando se opuso a las licencias urbanísticas para construir miles de viviendas en parcelas sin acceso, ni suministro de agua, hasta que tuvo que irse, sin entenderlo, ya que lo único que hacía era cumplir con su deber, por su salud y su familia.
-El de Gregorio Marañón Lizana, secretario de Otura (Granada), acosado y expedientado por denunciar al alcalde en 2011, con la satisfacción moral de ver condenados e inhabilitados por 8 años a sus dos alcaldes, aunque él se vio forzado a cambiar de ayuntamiento antes.
-El de M.ª Reyes Bermejo García, secretaria en Villamayor y forzada a cambiarse a Tamanes, Salamanca, donde se tuvo que prejubilar contra su voluntad para preservar su salud. Optó por doblarse antes de romperse.
El de Antonio López Gómez, por actuar como legalmente tenía que hacerlo en la Mancomunidad de Servicios del Suroeste de Madrid de 2012 a 2014, con el alcalde de Moraleja de Enmedio, ahora investigado dentro del caso Púnica.
-El de Sagrario Garrido Ruano, secretaria de Guijo Galisteo (Cáceres), con condena a prisión del alcalde en 2012 por acoso.
-También los casos de interventoras valencianas, como la compañera de Mislata, Herminia Llop Gil, quien ha visto reconocida la lesividad del acuerdo de la concesión del parking, por cuyo informe de reparo le abrieron un expediente disciplinario.
-Un caso diferente es el Maite Carol, al ser interventora interina en Santa Coloma de Gramanet, que cumplió con sus funciones de interventora, informando de ilegalidades a pesar de ser interina, no FHN y eso le costó su cese al ser informante en el caso Pretoria.
Son sólo una muestra de decenas de casos de los que no existe una base de datos de seguimiento, víctimas silenciosas reflejadas con dignidad en el documental “Corrupción, organismo nocivo”.
En todos estos casos, como en los de otros miles de funcionarios españoles existe un enorme sufrimiento personal derivado de la arbitrariedad del comportamiento de los corruptos, cuyo afán principal no siempre es el dinero, sino el ejercicio despótico del poder. Nuestros medios de comunicación se suelen centrar en las dimensiones económicas de la corrupción y, en ocasiones, en el ejercicio circense del más difícil todavía al intentar demostrarnos la mayor importancia económica del último escándalo económico sobre el del día anterior, sin atender a los dramas humanos de la arbitrariedad política, que ocasionan víctimas.
El caso extremo del asesinato de la Presidenta de la Diputación de León tenía que haber permitido analizar la existencia de víctimas de la corrupción por el comportamiento despótico de sus autoridades; victimas numerosas en el caso de la Diputación de León. Este tipo de víctimas requiere atención y hace pertinente el análisis de las personalidades de aquellos políticos que pueden ensañarse, muchas veces impunemente, con estas víctimas.
Hay consenso entre los especialistas en psicopatías, a que en torno al 1% de la población cumple con los rasgos que el especialista Robert Hare establece para ser considerado psicópata, también respecto a que la política y los negocios son un ámbito en el que los psicópatas se sienten en su salsa y además triunfan.
Respecto a datos concretos en la política hay pocos estudios, pero Iñaki Piñuel estima que la cifra se dispararía del 5 al 10%.
También encontramos en la prensa casos extremos de decenas de secretarios, interventores y otros técnicos municipales que se han pasado al lado oscuro, al servicio de alcaldes villanos o a su propio servicio. Es el ejemplo de imputados o investigados como el de mi antiguo compañero secretario en Castro Urdiales o el interventor condenado por prevaricación pasiva de Torre Pacheco (Murcia).
Salvando estos casos extremos el problema mayoritario es el distanciamiento del funcionario y su función, cuando comprueba que sus esfuerzos de nada sirven y que se obtienen beneficios de mirar para otro lado.
Pensemos en un ejemplo muy reciente que seguro recuerdan: las 400 facturas de la última legislatura, de gastos de representación de Barberá por un total de 278.000 euros, según denuncia de Compromís; entre ellas, facturas de naranjas por 25.226 euros. Todas estas facturas han tenido que ser firmadas no sólo por la exalcaldesa Barberá, o sus concejales delegados, sino también por el interventor general del ayuntamiento de Valencia o por sus interventores delegados.
Lógicamente, existe relación entre estas escandalosas facturas y el hecho de que el ayuntamiento de Valencia tenga un selecto club de más de 40 altos empleados que cobran más que el actual alcalde, entre los que el interventor seguro que está entre los que ganan más de 100.000 euros al año. Mucho me temo que sí, que existe una clara correlación en todos los ayuntamientos españoles entre la laxitud fiscalizadora de los interventores y su sueldo, de más de 100.000 euros en bastantes ciudades españolas y también de más de 70.000 euros incluso entre ayuntamientos de municipios de menos de 5.000 habitantes.
¿Se abrieron o se abrirán expediente disciplinarios a estos funcionarios valencianos que optaron por mitrar a otro lado, o los expedientes disciplinarios sólo se utilizan contra los funcionarios alertadores de la corrupción?
Subsidiariedad de nuestras administraciones públicasrespecto a las empresas concesionarias privadas
Si a la falta de control efectiva de la gestión económica pública le unimos el rasgo de la subsidiariedad en la actuación económica de nuestras administraciones públicas, tenemos el diagnóstico de la grave y diferencial corrupción política existente en nuestro país. En el marco de esta intervención de agradecimiento del premio no puedo extenderme con ejemplos, pero basten algunas pruebas que nos permiten concluir la tremenda indefensión del interés general en nuestro país:
Corrupción urbanística en Valencia
La corrupción urbanística en Valencia es un claro ejemplo de irregularidades en la gestión pública municipal al servicio de intereses privados. En la Comunidad Valenciana hay 390 municipios de menos de 5.000 habitantes que gestionan sus licencias urbanísticas con informes técnicos de arquitectos que son incompetentes para ejercer esa potestad. En el mismo sentido, realizan inspecciones y conforman actas de inspección que son documentos públicos, para lo que no tienen potestad.
Según sondeo efectuado en 50 ayuntamientos en 2014, en la Comunidad Valenciana, ninguno de tales ayuntamientos tenía funcionario. La emisión de informes técnicos preceptivos, la inspección urbanística, las actas de inspección y sus informes son una reserva de funcionarios, por lo que quienes los emiten sin serlo incurren en una doble infracción: la primera, en usurpación de funciones públicas; la segunda, porque contaminan con nulidad de pleno derecho las resoluciones.
Alcaldes, secretarios y técnicos, además de las tres Diputaciones que miran a otro lado, dan soporte a una extendida e intensa corrupción. Estos ayuntamientos han concedido un total de 35.618 licencias municipales de obra nueva de 2000 a 2014, según la Estadística de Construcción de Edificios, del Banco de Datos Territorial.
El foco de corrupción está en la contratación administrativa de los servicios y en las obras
Al agotado pozo de petróleo del urbanismo le ha sustituido como fuente principal de corrupción urbanística la de la contratación administrativa de los servicios, de todo tipo y naturaleza. Los ejemplos sobre la cartelización en los principales servicios del agua y basuras son tremendos –con la máxima sanción nunca impuesta por la CNMC al cártel de las basuras municipales–, con el Auto de la juez del caso Pokemon de pieza separada para su inhibición en las contrataciones de Aquagest, del grupo Agbar, calificada de verdadera asociación ilícita, cuya comprobación no se ha extendido al resto del país. Se puede demostrar que existe un saqueo generalizado a los usuarios del agua en toda España, de miles de millones de euros. Me parece fundamental pedir la tramitación urgente de procedimiento judicial de ilegalización de Agbar.
Los contratos de basuras son ilegales en casi todos los municipios por tratarse de contratos de servicios de duración limitada a un máximo de 4 años más 2 de prórroga frente a los 10 años más 10 habituales o incluso los 25 años o más, lo que significa poner a los ayuntamientos al servicio de las grandes constructoras, que como en el caso del agua son las que manejan estos servicios. Hay que destacar que un ayuntamiento como el de Torre Pacheco, de unos 30.000 habitantes, su contrato de basuras y limpieza viaria se pretendió hacer por 125 millones de euros, a razón de 5 millones al año, durante 25 años. Adjudicación anulada –como también en Alcantarilla y en Crevillent– por el Tribunal Administrativo Central, pero sin que los respectivos ayuntamientos las acaten, poniéndose al servicio de sus respectivas concesionarias, grandes empresas, o grandes tramas empresariales.
Los comportamientos mafiosos
Para que unos pocos puedan patrimonializar privadamente dinero y patrimonio público, es preciso repartir y se está haciendo de forma generosa, mediante distintos mecanismos, uno de los cuales es el sangrante fraccionamiento de la contratación menor. Para que los caballos se puedan llevar grandes brazadas de avena es imprescindible repartir generosamente granos en el camino para los gorriones.
Basta ya de tancredismo político y de pasividad ciudadana
La conclusión no puede ser otra: ¡Basta ya de tancredismo político y de pasividad ciudadana! La corrupción política es un tremendo perjuicio para la mayoría de españoles, pero tenemos que darnos cuenta de que es un buen negocio para una minoría que no se va a hacer el harakiri y que tiene un tremendo poder económico y político para manipular el diagnóstico y las soluciones.
Ya no se oyen o son minoritarias las desvergonzadas voces de que la corrupción era sólo un problema de unas manzanas podridas y que quitándolas del cesto problema arreglado. Ahora ya empieza a ser un paradigma la idea de que tenemos una corrupción sistémica, lo cual sigue siendo un diagnóstico inefectivo porque no es suficiente con darnos cuenta de que afecta a nuestro sistema político, también debemos ser conscientes de su tremenda magnitud. Usando la metáfora del cáncer, puede decirse que la corrupción alcanza a todas nuestros centros vitales, a todas las instituciones, incluidas la Justicia y los Cuerpos de Seguridad del Estado, frente a los complacientes análisis de nuestros tertulianos, sin atender a las pruebas existentes.
Y no sólo alcanza a las instituciones públicas, ya que los corruptores son privados, personas físicas o jurídicas privadas que actúan normalmente sobre los partidos políticos.
Visión de un combatiente desde la primera trinchera de lolocal
Para finalizar, quiero expresar mi visión de combatiente en la primera trinchera contra la corrupción que es la local: para ganar el combate contra la corrupción necesitamos una variada gama de medidas, pero lo fundamental es la prevención mediante la aplicación de antídotos sociales. En particular, de modo especial, la cultura de la honestidad y el “miedo a que te pillen” para aquellos a los que no les haga efecto cualquier forma de cultura cívica o código ético.
¿Se han parado a pensar por qué –excepto el primer ministro islandés– no hay representantes de los países nórdicos en la lista de los papeles de Panamá, cuando según la teoría neoliberal de aversión de los ricos a la expropiación impositiva serían los países en los que los ricos cuentan con más estímulos para sacar su dinero y negocios fuera?
No podemos esperar el harakiri de nuestros poderes económicos y políticos, es preciso el empoderamiento ciudadano, pero de poco valen las llamadas a la participación si no habilitamos los cauces adecuados, en forma de referéndums locales y sobre todo potenciando las asociaciones contra la corrupción, transparentes y con voluntariado vocacional y potente. No todos los ciudadanos indignados tienen tiempo, o ganas de dedicarlo, al control de la gestión pública, pero que estarían dispuestas a financiar en la medida de sus posibilidades a asociaciones contra la corrupción que cuenten con activistas honestos y eficientes. Yo participo en tres de ellas y les puedo facilitar sus nombres y garantizar su efectividad. Su principal limitación son los recursos económicos para poder abordar acciones judiciales y crear de bases de datos de la corrupción.
- Acción Cívica contra la Corrupción. Valencia.www.accion-civica.org
- Observatorio de la Ciudadanía contra la Corrupción. Delegación en Alicante. http://ciudadanoscontralacorrupcion.es
- Observatorio Ciudadano Municipal de Alcantarilla.
Respecto a nuestro país, resulta urgente ponernos a practicar el consejo de la psicóloga Clara Esquerra:
“Si algo podemos aprender de las personas que han tenido el valor de denunciar las conductas deshonestas es que no debemos rendirnos ni debemos dejarnos vencer como sociedad. Si los ciudadanos no estamos atentos ni vigilamos el poder, la putrefacción seguirá ganando terreno, mientras la buena gente es arrinconada y flagelada. Este es el terrible daño que causan los mafiosos, que saquean el país y destruyen conciencias. Digamos en voz alta sus nombres, no les votemos ni permitamos que se salgan con la suya. Y así el sufrimiento de los alertadores será cosa del pasado y podremos mirar al futuro con esperanza”.
A mí me queda seguir escuchando con melancolía la ronca voz de Chavela Vargas cantar Noches de boda, de Joaquín Sabina, y recitar para ustedes las estrofas que dicen:
Que no te compren por menos de nada,
que no te vendan amor sin espinas,
que no te duerman con cuentos de hadas,
que no te cierren el bar de la esquina.
Que ser valiente no salga tan caro,
que ser cobarde no valga la pena.
