Maniobras para acabar con un interventor decente
El observatorio de la ciudadanía contra la corrupción ha emitido el siguiente comunicado:
Maniobras para acabar con un interventor decente
Así interpretamos las declaraciones del alcalde de Orihuela, Sr. Bascuñana, contra el interventor municipal Fernando Urruticoechea, sobre el que ha solicitado un expediente al Ministerio de Hacienda y ha difundido una verdad a medias, que es la peor mentira, como que en el año 2015 ha trabajado solo 41 días. Como respuesta a ese ataque a Fernando Urruticoechea, uno más de los que nos tienen acostumbrados políticos que quieren regir sus ayuntamientos sin ningún control independiente y con poco respeto a la legalidad, queremos manifestar nuestro apoyo y respeto a un funcionario público que lleva años en primera línea de lucha contra el fraude en los ayuntamientos que tanto perjuicio provoca a
la ciudadanía.
No dice el alcalde que si ha estado de baja ha sido con el correspondiente control médico, que el médico no ha prevaricado, y que la presión inmunda a la que lo someten es causa principal de sus bajas, así como que si trabaja horas extras un día es normal que las recupere otros, y que si esos días trabajados lo han sido en jornadas de 12 a 18 horas debería el alcalde valorar dotar a la intervención de los medios humanos y materiales que precisa, cosa que no ha hecho a pesar de las expresas peticiones realizadas para ello por el interventor. El alcalde, de profesión médico, sabe que facilita datos sujetos a protección de datos con los que pretende acosarlo para que abandone su puesto, no para que vaya más días a trabajar. Un comportamiento que éticamente lo califica como médico y como político.
Confiamos que las irregularidades denunciadas en Crevillent, Cartagena y Orihuela se acabarán poniendo de manifiesto como ha ocurrido judicialmente en Castro Urdiales, por mucho que con esta violencia laboral se pretenda acallar la voz y las acciones de funcionarios públicos decentes como Fernando Urruticoechea. Es una presión brutal, con decisiones arbitrarias contra sus derechos y noticias difamatorias, sin que ningún fiscal decida intervenir contra las mismas, presión que se producía ya hace tres años cuando era interventor en Crevillent, aprovechando que se trata de un funcionario aislado que no dispone de apoyo jerárquico ni institución a la que solicitar amparo, salvo la actuación de oficio de la fiscalía ante casos de injurias/calumnias a funcionarios previstos en el arto 215 del Código Penal.
No tenemos ninguna duda de que si Fernando Urruticoechea no hubiese puesto ninguno de los 77 reparos a la legalidad que ha planteado este año no sería víctima de estas acusaciones difamatorias contra su persona, abusando de que actúan con la cobertura de la institución en la que están, de su partido político y de bienes públicos para financiar a medios de comunicación o abonar los abogados en los pleitos jurídicos, que un funcionario no puede abonar con su salario. De eso abusan y por eso se creen impunes.
El día que los fiscales reaccionen a casos de acoso laboral como el que se viene cometiendo contra Fernando Urruticoechea como lo han hecho con el caso de posible acoso de dos fiscales con insinuaciones sexuales a la alcaldesa de Barcelona habremos dado el paso definitivo para combatir la corrupción y a los corruptos.
Alicante, 24 de junio de 2016
JUNTA DIRECTIVA NACIONAL
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