Archivan la causa contra el exsecretario y exinterventor de Santiponce por prescripción, en el caso de los ERE
La juez María Núñez Bolaños, que instruye el caso de los ERE, ha archivado las actuaciones penales iniciadas por la juez Alaya contra el alcalde de Santiponce (Sevilla), en el año 2003, José López González (IU), el entonces interventor municipal, Ignacio Herrera Franco, a los que cita como testigos, y el secretario del Ayuntamiento, Santiago Pozas Ashton, fallecido en el 2014, al haber prescrito los delitos investigados. Esta decisión se suma a los doce archivos que acordó hace dos semanas.
La instructora explica en su resolución que los presuntos delitos de prevaricación y malversación han prescrito porque la ayuda que concedió la Junta al Ayuntamiento de Santiponce (30.050,71 euros) para la organizacion de la segunda Feria de muestras y artesanias de la localidad, es inferior a los 450.000 euros y han pasado más de diez años desde que se recibió y se iniciaron acciones judiciales por esa subvención.
La juez recuerda que atendiendo a los razonamiento de la Audiencia de Sevilla, que el pasado 9 de marzo acordó las dos primeras prescripciones, procede declarar prescritos los delitos de prevaricación y malversación, y el archivo de las diligencias de los entonces alcalde, interventor y secretario del Ayuntamiento, éste último ya fallecido, y que «sería quien tramitó y justificó la ayuda como secretario interventor».
