Una promotora se querella contra el equipo de gobierno de Parcent y el secretario municipal
La promotora Terres de l’Horta, ha presentado una querella penal contra el equipo de gobierno de Parcent, que forma Coalició Democràtica de Parcent (CDP) y contra el secretario municipal. La denuncia es por prevaricación en relación con el acuerdo de Pleno en el que el gobierno local solicita a la Conselleria de Medio Ambiente la devolución de la documentación de tres PAI, para que el ayuntamiento los tramite de nuevo (uno de los PAI es el que afecta a la empresa denunciante, que aspira a construir 1496 viviendas).
La empresa solicita la detención y prisión del alcalde, Máximo Revilla, y demás ediles del CDP y del secretario-interventor Iván Pérez Jordá, o exija en su caso fianza de libertad provisional. La querella se presentó el pasado 18 de febrero, 12 días después del recurso administrativo.
El conflicto surge tras las elecciones de mayo de 2007 en el que la mayoría de vecinos y colectivos de Parcent que se oponían a la construcción de tres PAI que contemplaban la construcción de 1.800 viviendas en este pequeño municipio de la Marina Alta se unieron en la Coalición Democrática de Parcent, que rechazaban estos programas y que se enfrentaba al PP, valedor de los programas. Una vez obtuvo el CDP la mayoría absoluta se iniciaron una serie de medidas encaminadas a dar marcha atrás a aquella polémica aprobación de los tres PAI. Así, el 15 de octubre el pleno aprobó con los votos en contra del PP solicitar a la Conselleria de Medio Ambiente que devolviera la documentación de los tres planes urbanísticos para continuar su tramitación desde el propio ayuntamiento.
Sin embargo las empresas promotoras no quieren a perder su negocio tan fácilmente. Hace unas de semanas, dos de ellas, Terres de l’Horta S.L. y Arenal-Parcent S.L., presentaron sendos contenciosos administrativos contra el acuerdo del citado pleno. Ambas mercantiles que aspiran a construir 1621 viviendas en las montañas de Parcent pretenden con esta medida evitar la suspensión de la tramitación de los PAI, después de que tanto la Confederación Hidrográfica del Jucar como el Síndic de Greuges hayan emitido informes contrarios a las citadas urbanizaciones, basándose, entre otras razones, en la falta de recursos hídricos y de respaldo social.
Y ha sido una de las citadas mercantiles, Terres de l’Horta, la que ha dado un paso más en la defensa de sus intereses económicos y ha presentado la querella penal.
