Carta abierta a la ciudadania de Moià
Francesc Armengol Aymerich
De cómo el alcalde Dionisio Guiteras y su gobierno me han robado mi puesto de trabajo de secretario de forma premeditada e injusta.
Quiero poner en conocimiento y consideración de los ciudadanos de la villa de Moià el relato de los hechos, motivos y circunstancias que han supuesto la vulneración del derecho a mi puesto de trabajo hasta la expulsión definitiva y que han sido promovidos por el Alcalde con la connivencia servil de los concejales de su gobierno.
Primera fase: mobbing laboral: Ya desde el principio (julio de 2011), el alcalde intentó que abandonara el ayuntamiento por mi cuenta con amenazas veladas y reiteradas de «graves perjuicios judiciales» a resultas de «expedientes económicos incompletos». Nunca, sin embargo, el alcalde no me supo detallar ni concretar ningún motivo ni ningún dato para con los supuestos errores ni tampoco ningún expediente en concreto. También me «invitó» de forma expresa a marchar diciéndome que la Generalitat ya «velaría por colocarme» en otro ayuntamiento.
Segunda fase: mobbing laboral y acoso moral: Visto su fracaso, el alcalde, Dionís Guiteras (AraMoià-ERC), y el concejal Joa M. Navarro (Entesa por Moià) me comunican el día 20-4-2012 inicio de un expediente disciplinario con suspensión inmediata de empleo y de sueldo, sin especificarme tampoco ninguna causa ni motivo concreto. (Hacen uso de un instrumento legal para poder conseguir un objetivo injusto: la expulsión del puesto de trabajo.)
Hay que decir que cinco días después (25-4- 2012), ellos mismos lo hicieron publicar en la portada del diario Regió7, vulnerando la presunción de inocencia y atacando gravemente mi honor tanto profesional como personal al presentarme ante el pueblo como el «enemigo y el culpable implícito» de la situación económica del Ayuntamiento de Moià, sin mencionar tampoco ningún motivo ni prueba que pudiera justificarlo.
Motivos que se incluyen en el expediente disciplinario: De los nueve asuntos que, pasados tres meses, se incluyeron en el expediente acusador, seis hacían referencia a temas de carácter económico-financiero. Pues bien, hay que decir bien claro y de entrada que, una vez completado el expediente, fue el mismo instructor (nombrado por la Generalitat) quien dispuso la anulación total de estos seis cargos por no encontrar ninguna irregularidad ni ninguna responsabilidad por mi parte en la tramitación de los mismos. Los tres asuntos restantes incluidos en el expediente hacían referencia, por una parte, a la naturaleza o tipo de dos contratos correspondientes a personal de limpieza, y, por otra, a la manera de realizar un trámite (informe jurídico) dentro del proceso administrativo de aprobación de las licencias de obras particulares. Respecto de los cargos hay especificar: a) Los contratos referentes a dos trabajadoras del personal de limpieza (de los que «ahora» me quieren hacer responsable) fueron acordados ya hace más de veinte años y de común acuerdo entre las dos trabajadoras y el Alcalde de entonces, dándole la naturaleza de «servicios», y han ido siendo conocidos, aprobados y ratificados cados año tras año por el Pleno municipal en su presupuesto general, sin que nunca ni las mismas trabajadoras ni ningún concejal /a haya formulado ninguna queja ni alegación en contrario respecto a la naturaleza de los contratos establecidos ni tampoco hayan supuesto ningún perjuicio para nadie.
b) El proceso de aprobación de las licencias de obras, incluyendo el trámite de informe jurídico (del que «ahora» se quiere hacer problema), resulta que ha ido siguiendo y aplicando con plena normalidad en los últimos veinte años, incluso dentro de la misma legislatura actual, sin que tampoco ningún concejal / a haya formulado ninguna queja / alegación en contra ni se haya causado ningún perjuicio a nadie. Sanciones que se me imponen: El Pleno municipal el día 13-11-2012 me sanciona por los tres asuntos señalados con once meses de suspensión de empleo y de trabajo y baja de cotización a la Seguridad Social, impidiendo que me la vez de poder trabajar en ningún otro ayuntamiento durante el tiempo de sanción. Hay que decir que siete miembros del actual gobierno conocían ya de antemano la inequívoca realidad de los hechos mencionados, tanto por propia experiencia como ex-concejales como por haberlo aceptado y aprobado ellos mismos dentro de los presupuestos anuales. Y a pesar de ello callan y lo ignoran de forma cómplice y cobarde en el momento de tomar la decisión sancionadora. Los otros seis miembros, con una negligencia y falta de responsabilidad impropia de sus cargos, no muestran ningún interés en informarse debidamente de la realidad histórica y documentada de los hechos y ratificacan mecánicamente y sin ética ni escrúpulos la propuesta de sanción de once meses de suspensión de empleo y sueldo. Inconsistencia de los hechos y falta de proporcionalidad en la sanción: Nos encontramos ante tres asuntos sin trascendencia, que no han sido nunca ningún problema durante los últimos veinte años, que no han causado ningún daño ni perjuicio ni al ayuntamiento ni a los ciudadanos y que, además, no guardan ninguna relación con el ámbito económico-financiero municipal. A pesar de todo ello, se hacen aparecer ahora en el expediente disciplinario (por qué?) Y en base a ellos se me impone la máxima sanción que puede aplicar legalmente la corporación municipal (once meses de suspensión de empleo y sueldo). Intentar tergiversar y distorsionar la realidad histórica y objetiva de los hechos, como ha pretendido hacer ahora la corporación de forma interesada para tratar de «justificar» las sanciones, y además intentar atribuirse unos daños que nunca han existido, deja bien claro la mezquindad, el cinismo y la malicía que ha presidido desde el inicio su actuación. Resulta evidente la incoherencia y la flagrante desproporción entre la grave sanción aplicada (once meses) y la nula repercusión de los hechos sancionados en el talante administrativo municipal. ¿Cuál es, pues, el único y verdadero motivo y objetivo de todo ello?: Lo más grave, inmoral y miserable de todo ello ha sido constatar que el único objetivo que ha guiado el alcalde Guiteras y su gobierno ya desde el inicio de su mandato ha sido expulsarme toda costa de mi puesto de trabajo y no por ninguna cuestión profesional sino únicamente como «represalia y venganza política» por haber estado trabajando en el ayuntamiento como secretario durante los años en que gobernó el grupo de CiU bajo la presidencia de Josép Montràs. El alcalde, por su cuenta, me alarga cinco meses más el tiempo de la sanción: Cumplidos los once meses de sanción, el alcalde me deniega el reingreso en mi lugar de trabajo y, considerando que aún no ha sido suficiente el castigo impuesto, decreta por su cuenta el alargamiento de la suspensión de empleo y sueldo cinco meses más, de resultas del periodo de baja médica derivado de un accidente de tráfico que sufrí. Este hecho, entre otros, deja bien clara la «farsa» del expediente tramitado, la malicia política y la miseria moral que guía sus actos.
Conclusiones: El alcalde y los concejales / as han actuado desde el principio de la legislatura con premeditación y abuso de poder, carentes de decencia ética y política, haciendo uso de falsedades y de conductas ilícitas con la única finalidad de hacerme fuera de mi puesto de trabajo de secretario municipal, que he servido durante veintidós dos años de forma honesta, de buena fe y con dedicación plena. Y esto lo han hecho por un solo y único motivo: utilizarme como «cabeza de turco» y «moneda de cambio» ante el pueblo para justificar y satisfacer su rencor política y personal contra el anterior alcalde y gobierno municipal. Todo ello me ha comportado la imposibilidad de poder trabajar en ningún otro ayuntamiento durante dieciséis meses, así como la pérdida de cualquier ingreso económico y de la cotización a la Seguridad Social, además de daños morales y de salud. Solamente su rencor política y sus intereses partidistas, populistas y sectarios contra el anterior gobierno y alcalde pueden explicar la expulsión sistemática de su puesto de trabajo del arquitecto, el ingeniero, el arquitecto técnico, la técnica de catastro, el técnico de cultura y el secretario que han llevado a cabo con menosprecio y vulneración total de los derechos laborales y del buen nombre profesional y personal de estos técnicos.
Epílogo: El día 12-8-2013 me presenté al ayuntamiento para reincorporarme al trabajo al haberse cumplido ya el tiempo de sanción impuesto (11 + 5 meses). Por toda respuesta, el alcalde, aparte de negarse de nuevo el reingreso, procedió a agredirme tanto de forma verbal, con frases despectivas y humillantes, así como mediante una agresión física, conminándome en un tono airado y amenazante a marchar del ayuntamiento ya no volver nunca más. Me encontré ante una conducta coactiva y claramente vejatoria a un trabajador municipal hecha por el alcalde en una oficina municipal y pública, ante terceras personas ajenas, y en el ejercicio de su cargo con abuso de su poder de forma totalmente premeditada, despreciable y gratuita. De esta actuación irracional, que deslegitima por sí misma cualquier servidor público, en di cuenta mediante escrito a la corporación municipal y en presenté denuncia en la comisaría de los Mossos.
