El ex alcalde de Puebla del Príncipe condenado a siete años de inhabilitación por un delito de prevaricación, por favorecer y proteger al secretario municipal
El Juzgado de lo penal nº 1 de Ciudad Real ha condenado a 7 años de inhabilitación especial para cargo público de carácter electivo por un delito continuado de prevaricación al ex alcalde de Puebla del Príncipe (Ciudad Real) Juan Félix Atienzar que «pretendió favorecer y proteger al secretario del ayuntamiento J.R.T. (que fue condenado en 2001 por agredir sexualmente a una compañera).
La sentencia declara probado que cuando la auxiliar de Administración General del Ayuntamiento de Puebla del Príncipe, J.R. denunció en noviembre de 1997 la agresión sexual de la que había sido víctima por parte del secretario se creó un clima de tensión entre ella, el denunciado y el alcalde, y que este último «pretendió favorecer y proteger la situación del agresor en perjuicio de la funcionaria».
El ex alcalde ordenó a través de un decreto eliminar totalmente el complemento de productividad que la víctima percibía hasta que decidió denunciar la agresión de la que había sido objeto, incurriendo así en «desviación de poder» al dictar el decreto «con el ánimo de perjudicar a la funcionaria que ejercitó su derecho de denunciar al secretario, a quien se pretende favorecer», según consta en una sentencia anterior del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.
La auxiliar administrativa que trabajaba desde las ocho de la mañana hasta las tres de la tarde, vio además recortado su horario en una hora al pasar a tener un turno desde las 8 a las 14 horas, «no con el ánimo de acomodar una situación a la legalidad sino en la de perjudicarla», que fue obligada a trabajar en este horario para no coincidir con su agresor.
Según consta en los hechos probados, la protección que en el Ayuntamiento se le deparaba al secretario se refleja en el mantenimiento por espacio de dos años de la situación irregular del secretario, sin nombramiento alguno.
Jesús Román, que fue destituido de su cargo en el Ayuntamiento de Villamanrique (del que era titular) durante un año y medio por la Dirección General de la Administración Local, fue condenado por el juzgado de lo penal número 1 de Ciudad Real a un año y seis meses de prisión por un delito de agresión sexual cometido en 1997 contra la citada funcionaria.
La auxiliar administrativa, que tuvo que acudir al consultorio de la localidad donde se le apreció «un hematoma en la cara anterior del brazo izquierdo a consecuencia del forcejeo» y se le diagnosticó un trastorno de ansiedad por el que causó baja laboral durante unos días, continúa en la actualidad desempeñando su labor en el Consistorio, aunque con una considerable «merma» de sus funciones.
Pese a que las numerosas «reducciones laborales» y el aislamiento en el que trabaja la funcionaria han sido consideradas como un claro supuesto de «mobbing» de cuyas secuelas se está tratando, la actual Corporación Municipal no ha hecho nada por mejorar la situación que padece desde 1997.
Una sentencia del juzgado de lo social número 3 de Ciudad Real considera que esta trabajadora sufre un «trato discriminatorio y vejatorio» con un mal ambiente de trabajo que han desencadenado en una sintomatología psíquica que le ha obligado, en ocasiones, a causar baja laboral.
