La fiscal imputa a la secretaria accidental de La Oliva por un presunto delito electoral
La Fiscalía de Las Palmas ha solicitado que «se tome declaración en concepto de imputada a la secretaria accidental del Ayuntamiento de La Oliva, Rosa Delia Cabrera Montelongo, por un presunto delito electoral.
En base a una denuncia interpuesta por Alvaro de Astica, actual portavoz de Votemos en el Consistorio norteño, la Fiscalía de Las Palmas abrió diligencias de investigación de las que, junto a la documentación recabada, se dedujeron una serie de hechos que se han considerado determinantes a la hora de solicitar la imputación de la afectada.
Los hechos denunciados tuvieron lugar el 27 de abril de 2015 en el Ayuntamiento de La Oliva, cuando se celebraba el pleno que incluía el sorteo para la designación de las personas que formarían las mesas electorales del municipio en las elecciones locales del 24 de mayo. El sorteo se hizo utilizando un programa de ordenador «en el que se filtran los ciudadanos con base en sus estudios».
En el proceso, presuntamente, la secretaria municipal «habría excluido a determinadas personas que según el programa informático eran aptas para integrar las mesas electorales, y las habría excluido en atención a sus nombres y apellidos de origen extranjero, con expresiones tales como este fuera, a este lo quitamos, porque aunque tenga DNI español seguro que no sabe bien la lengua y nos va a dar problemas». A esas personas, señala la Fiscalía, «la secretaria les habría impedido el ejercicio de un derecho cívico, consistente en ser miembros de mesas electorales en el municipio de La Oliva y ello lo habría hecho la secretaria por razón del supuesto origen nacional de las personas».
Dicha actuación atentaría contra los Artículos 135 y 139 de la Ley Electoral General. Y, en el Código Penal, contra el Artículo 510, que castiga la discriminación por origen nacional, y contra el Artículo 542, que castiga a los funcionarios que impidan a las personas el ejercicio de derechos cívicos reconocidos por la Constitución y las leyes.
La Fiscalía solicita también que declaren como testigos los 16 concejales que estaban en la citada sesión plenaria del Ayuntamiento de La Oliva.
