El interventor denuncia la «presión constante» contra los funcionarios
FUENTE: La voz de Asturias
REVUELTA. El interventor municipal, Pedro Olalla Pérez, en una extensa carta dirigida a Gabino de Lorenzo, acusa al actual concejal de Economía, José Agustín Cuervas-Mons de «acentuar la presión» sobre los funcionarios de su área y recuerda, en reiteradas ocasiones, «el imperativo legal» para la corporación de garantizar las funciones de la Intervención y su «imparcialidad, independencia y objetividad».
El funcionario hace esta advertencia a raíz de la denominada por el concejal de Economía reestructuración del área, que llevó al Viceinterventor al puesto de Tesorero, el cese de la interventora adjunta y el nombramiento de un funcionario, que no es habilitado nacional, para el puesto de Interventor accidental. Todas estas decisiones son competencia suya, sostiene Olalla, quien censura que no «mediase consulta previa respecto a tal despropósito». Con estos cambios, el equipo de gobierno sacó adelante, coincidiendo con las vacaciones del interventor, el pago de deudas del 2002 con cargo al remanente de tesorería al que Olalla calificó de «ilegal»
PERSECUCION Para Pedro Olalla Pérez el aumento de la presión del los responsables de Economía –no sólo por las últimas decisiones sobre la organización del área, cita también «otras similares del anterior concejal delegado»– sobre los funcionarios de la Intervención «tiene su origen como brusca e incontrolada respuesta a diversos informes» del servicio. Explícitamente, vincula la presión del PP a los informes sobre la liquidación de 2001, 2002 y la determinación de los remanentes de tesorería de ambos ejercicios y a «informes escritos y verbales sobre el estado de la deuda municipal contable y extracontable».
En el texto, al que ha tenido acceso este diario a través de una versión sin firma, el Interventor General, con 45 años en la función pública y 12 al frente de la Intervención, se remite a sus informes sobre estas dos liquidaciones. En abril de 2002, el alcalde firmó la liquidación de 2001, en la que Olalla llamaba a la «reflexión» al concejal de Economía sobre el uso del remanente de tesorería. En mayo de este año, todavía con Reinares al frente de Economía, Olalla informó la liquidación y dejó el remanente de tesorería en 3,19 millones. Esas cuentas nunca vieron la luz. Tras las elecciones, el nuevo concejal de Economía –Cuervas-Mons– no aceptó este informe y encargó otro «a técnicos no habilitados nacionales» en el que el remanente de tesorería crecía con 18 millones de euros más del saldo de dudoso cobro.
LIQUIDACION Olalla advierte de las responsabilidades ante el Tribunal de Cuentas «derivadas de las actuaciones subsiguientes de las liquidaciones presupuestarias y de la aplicación de los remanentes de tesorería» de 2001 y 2002. Olalla «pone de manifiesto esta advertencia a todos los efectos, y sustancialmente en relación con lo previsto en los artículos 38 a 43 de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas». Lo que hace el interventor es advertir a los firmantes de las liquidaciones –en 2001, el propio alcalde, y, en 2002, el actual edil de Economía, José Agustín Cuervas-Mons– de que no reconoce esas cuentas como ciertas y que la responsabilidad contable por «perjuicios en la gestión de fondos públicos» no será suya.
En el texto, Pedro Olalla evita utilizar la palabra ilegal, sencillamente, citando la obligatoriedad de hacer lo contrario. Así respecto al desmembramiento del área de Intervención señala el imperativo legal de que el ayuntamiento garantice su independencia o, del nombramiento de Ignacio Sordo, el interventor general señala que «el desempeño de tal cometido, le corresponde, obligatoriamente, al viceinterventor municipal». Pero sin duda, el interventor calla, al menos, parte de los motivos de su carta pidiendo amparo al alcalde
Olalla concluye pidiendo al alcalde que este ordene «a su concejal de Economía que cese en la realización de actuaciones como las citadas en este escrito, que producen constante presión y hostigamiento sobre la intervención». Olalla pide que se anulen las decisiones tomadas por Cuervas-Mons sobre el personal.
