Citados a declarar el concejal Ramón Cambra, el Interventor y el secretario del Ayuntamiento de Monóvar, por un presunto delito de prevaricación
Un incidente entre tres funcionarios del Ayuntamiento de Monóvar ha dado lugar a la apertura de diligencias judiciales por un presunto delito de prevaricación administrativa contra el concejal de Personal, el popular Ramón Cambra, así como el secretario e interventor accidentales, José Carlos Payá y José Ortolá respectivamente. Todos ellos han sido citados a declarar el próximo 27-F en calidad de imputados ante el Juzgado Número 1 de Novelda.
Los hechos que motivaron la denuncia que la Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT en La Muntanya-Valle del Vinalopó interpuso ante la Fiscalía se remontan al 6 de noviembre de 2006. El jefe del departamento de Obras y Servicios, delegado de UGT y miembro de la junta de personal del Consistorio monovero, Pedro González, informó a la dirección de su sindicato que el secretario y el interventor le citaron en el salón de actos y, según el denunciante, «le insultaron y ofendieron verbalmente haciéndole sentirse amenazado por el tono de sus palabras».
Tres días después el secretario de organización de la FSP-UGT, Tomás Sánchez, solicitó al alcalde Salvador Poveda, del PP, que iniciase un expediente de averiguación de hechos para depurar responsabilidades. También la junta de personal puso estos hechos en conocimiento del primer edil, los calificó de «gravísimos» e instó a la adopción de medidas disciplinarias. Poveda abrió entonces un expediente de información reservada y nombró instructor al concejal Ramón Cambra y secretaria del expediente a la secretaria municipal. Ésta elaboró un informe, que remitió al propio alcalde, en el que advertía de la existencia de una falta disciplinaria aunque no entraba a dilucidar la gravedad de la misma. En estos términos lo recogía la denuncia que la FSP-UGT presentó ante la Fiscalía en abril de 2007 después de que el alcalde acordase, a instancias del concejal de Personal, archivar el expediente sin adoptar ningún tipo de medida disciplinaria contra el secretario y el interventor.
Así las cosas el sindicato remitió el asunto a la Fiscalía al entender que el edil debería haber renunciado a ser instructor del caso por mantener una «amistad manifiesta» con uno de los presuntos implicados y que, además, se había producido una «clara obstaculización en el ejercicio de los derechos sindicales». En estos términos lo recogía la denuncia que UGT dirigió contra Poveda y Cambra.
Tras estudiar el caso el fiscal encontró indicios de una posible ilegalidad y lo remitió al Juzgado de Novelda para que se abriera una investigación, tal y como han confirmado fuentes judiciales. Por lo pronto el alcalde, que ayer se limitó a señalar a este diario que «aquello sólo fue una disputa entre compañeros», no ha sido llamado a declarar como sí ha ocurrido con el concejal de Personal y los dos altos funcionarios.
