La ex secretaria de La Adrada ve la sentencia como la culminación de su lucha
Isabel Llanes Aventín, que trabajó como secretaria en el Ayuntamiento de La Adrada entre 1997 y 2000 y que presentó una querella criminal contra los dos últimos alcaldes, Juan José Tomás y a Javier Cacho, en relación a la sentencia que les ha condenado a nueve años y tres meses de inhabilitación por cargo público, y a indemnizar, conjunta y solidariamente, en concepto de daños morales, a la exsecretaria en la cantidad de 6000 euros, ha emitido un comunicado en el que afirma:
Que «la sentencia es la culminación de la lucha por mi credibilidad personal y profesional que durante más de siete años he ejercido en los únicos cauces válidos para un ciudadano que vive en un Estado de derecho: la Administración de Justicia» y que «a pesar de que los hoy condenados a lo largo del tiempo con notoria arbitrariedad y despotismo político, prevaleciéndose de su cargo, han intentado destruir de forma sistemática y recurrente, no sólo mi honor personal y profesional de la funcionaria, sino también arruinarme económica y moralmente; a pesar de que las otras partes implicadas orquestaron una campaña de reiterado descrédito contra mi persona en los medios de comunicación locales y provinciales, me mantuve firme en mis convicciones y dentro del marco que, voluntariamente, había escogido para mi defensa».
De este modo, Isabel Llanes quiere dejar claro que «en el Ayuntamiento de La Adrada , tanto con los dos alcaldes hoy condenados como con los anteriores, he cumplido escrupulosamente con mis obligaciones, no pudiendo olvidar que soy funcionaria de habilitación nacional por oposición, cuyas funciones y competencias vienen establecidas por la norma» y «gozando por tanto de la independencia de la que nos reviste la Ley, precisamente para poder conformar las posibles voluntades ilegítimas de los alcaldes, por lo que no hay que confundirlo con un cargo de confianza o secretaria particular de un político y, salvo en el caso que ha motivado la sentencia, todos y cada uno de los alcaldes de los ayuntamientos en que he ocupado el puesto de secretaria-interventora han respetado el ejercicio de dichas funciones al constituir la salvaguarda y garantía a la legalidad vigente». «Tal y como puede leerse en el texto de la sentencia , «La idea e intención era que Isabel abandonara definitivamente la plaza de Secretaria en La Adrada», ganada en concurso-oposición. Efectivamente, ambos consiguieron su propósito principal: me vi forzada a abandonar la plaza en propiedad de La Adrada, el lugar donde residía desde hacia ocho años, con el desarraigo que ello conlleva».
Llanes señala que «he tenido que soportar desde 1997, una serie de actuaciones hostiles, como una espada de Damocles sobre mi cabeza», acusaciones consistentes, por ejemplo, en «ocho expedientes disciplinarios abiertos a instancia de ambos acusados, solicitando en uno de ellos la pérdida de mi condición de funcionaria -no pudieron sancionarme ni por una sola falta leve- , divulgados a la prensa y plenos públicos de la Corporación, expedientes que, o bien, en su mayoría no se tramitaban o eran archivados por caducidad, siendo calificadas en la sentencia por el órgano jurisdiccional de instancia como «de carácter inmotivado y caprichoso».
