Lecciones de matemáticas y de legalidad
FUENTE: www.muchocastro.com
Como Interventor de Administración Local, nombrado por el Estado, desde hace más de 10 años, ésta va a ser la segunda vez que escribo un artículo para su difusión pública relacionado directamente con mi trabajo.
Aunque las funciones de mi puesto tienen que ver con el control interno de la gestión municipal del dinero de los ciudadanos, asegurando su buen uso, los destinatarios de mis informes de control de legalidad como Interventor, tienen que ser los representantes elegidos por los ciudadanos para el Ayuntamiento, es decir, los concejales, quienes decidirán el uso de tal información, tanto los que gobiernan, como los que están en la oposición controlando políticamente la gestión de los primeros. Estas son parte de las reglas de la democracia.
El problema, en ocasiones, es que son los únicos destinatarios, ya que no contamos con ningún tipo de instancia superior, ni administrativa, ni judicial, a la que podernos dirigir en el caso de entender que existen graves irregularidades o ilegalidades en la gestión municipal y que se hace caso omiso de nuestros informes.
Sin embargo, existen ocasiones excepcionales en las que puede estar justificado el que el funcionario público se dirija directamente a los ciudadanos. Así lo entendí en mayo del 2004 cuando publiqué un artículo en los medios de comunicación para exponer mi denuncia de lo que estaba sucediendo en el Ayuntamiento de Castro Urdiales, mientras estaba siendo objeto de un linchamiento público a consecuencia del desempeño de mis funciones de control de la legalidad.
Ahora nuevamente me veo en la obligación de salir públicamente dadas las declaraciones efectuadas por el Alcalde, publicadas en EL CORREO del pasado sábado 25, acerca de que no tendría en consideración un informe del interventor ya que Creemos que ha hecho mal las cuentas y, por tanto, su valoración es errónea.
No es problema el que pueda estar equivocado, ya que no me creo infalible, sino las formas utilizadas, ya que no solamente están las declaraciones comentadas, sino especialmente los calificativos y comentarios humillantes que tuve que aguantar en la sesión de la Mesa de Contratación convocada urgentemente el viernes día 24, sin testigos imparciales, ya que los concejales de la oposición no participan en tal comisión, ni existen funcionarios titulares independientes en la misma. Es decir, es la falta de respeto personal y profesional lo que considero inaceptable, el límite que no estoy dispuesto a tolerar, especialmente cuando se repiten por enésima vez, por parte de unos políticos que entienden su poder de forma despótica y obtienen la colaboración de funcionarios que actúan al servicio del poder, olvidándose de sus funciones y hasta de su dignidad.
El tema en esta ocasión era aparentemente inocuo. En la sesión del jueves 23 de la Mesa de Contratación se vieron las propuestas económicas mediante subasta de 10 postores para las obras de urbanización de la calle San Francisco en Castro Urdiales. La forma de subasta asegura automáticamente la propuesta de adjudicación a la oferta con el precio más bajo, salvo que se entienda desproporcionada tal oferta, lo que se llama técnicamente como baja temeraria.
Según la misma Junta Consultiva de Contratación Administrativa, tal calificación está perfectamente reglada mediante un cálculo objetivo y “no debe suscitar especiales dificultades”.
Pero claro, tal Junta no conoce el Ayuntamiento de Castro Urdiales, cuya situación es tan demencial que puede estallar el conflicto en cualquier momento y por cualquier tema que moleste a los que gobiernan el Ayuntamiento.
Como Interventor y vocal nato de la Mesa de Contratación, informé en la sesión del jueves del sistema de cálculo y siguiendo el mismo, se determinó que la oferta de ASCAN, S.A. con el precio más bajo incurría en baja temeraria, por lo que se quedó en seguir el procedimiento, leído directamente del Reglamento de Contratación por el Secretario municipal en funciones.
Sin embargo, algo debió suceder en la trastienda municipal, ya que a última hora del jueves, me encontré con una convocatoria urgente para el viernes 24 a primeras horas, con una hoja adjunta con números aparentemente ininteligibles, sin conclusión alguna y sin que se me informara de nuevas interpretaciones respecto a lo que se había quedado en la sesión de la Mesa de Contratación.
Antes de la sesión del viernes entregué un informe escrito en el que confirmaba los cálculos efectuados en la sesión del jueves y ratificaba que la oferta de ASCÁN, S.A., era temeraria, en principio, y señalaba el procedimiento a seguir señalado en la normativa vigente.
La presentación de tal informe debió ser la causa que hizo abrirse la caja de los truenos.
El Secretario en funciones informó verbalmente, que no existía tal baja temeraria y tuve que aguantar de todo. Tanto se calentaron las bocas los señores corporativos que el mismo Secretario en funciones se atrevió a proponer la apertura de un expediente sancionador contra mí, que ni abrí la boca hasta el final, simplemente para solicitar que constaran en acta todos los calificativos que me habían dedicado.
Y el caso es que se trata de un cálculo bien sencillo, simples sumas, divisiones y restas, ya que sólo hay que calcular dos medias aritméticas y sumar y restar el porcentaje decimal de tales promedios.
Sin embargo, el poder municipal en Castro Urdiales se atreve hasta con los números y contando con colaboradores como el Secretario de la Mesa y el del Ayuntamiento, llegan a retorcer los números, haciendo difícil lo fácil, hasta dar con el resultado que quieren sin darse cuenta de errores matemáticos infantiles en el batiburrillo de números que presentaron en el cuadro sin comentarios, adjunto a la convocatoria urgente del viernes.
Porque pudiéndome haber equivocado, no lo he hecho y estoy en lo cierto cuando informo como Interventor titular que la oferta de ASCÁN, S.A., es, en principio, desproporcionada y temeraria, por lo que no se puede proponer su adjudicación automática, por muchas prisas que tengan en dar a ASCÁN, S.A. tales obras.
Y si tienen problemas con los números y las simples operaciones aritméticas, pues con un poco de modestia se puede acudir a Google, donde buscando “bajas temerarias” sale una página de contratistas del Estado, donde hubieran podido confirmar que los cálculos del Interventor eran los correctos.
Pero es que además del obligado respeto personal y profesional, en el Ayuntamiento de Castro Urdiales se han perdido las formas democráticas más elementales y especialmente el respeto a la legalidad vigente, lo que es un mandato constitucional.
En este caso que comento puedo demostrar con rotundidad que estaba en lo cierto y que no se puede adjudicar a ASCÁN, S.A. directamente, sin cumplir antes una serie de requisitos, por la defensa del bien público, porque se trata de argumentar con números, difíciles de manipular, ya que es difícil de mantener que 2+2 no son 4.
Pero otra cuestión son los argumentos basados en la interpretación de las normas, cuando el poder tiene mercenarios a su servicio que siempre encuentran argumentos aunque sean para defender lo indefendible, pero que convengan al poder. Y lo hacen torticeramente y no pasa nada, y se producen situaciones de desviaciones de poder clarísimas y no pasa nada.
Tenemos una Justicia de tipo acusatoria, que no actúa de oficio y en la que para que se juzgue una presunta ilegalidad tiene que haber una acusación y un acusador. Y normalmente, nadie se gasta su dinero particular, salvo que le vaya algo en ello personalmente, por lo que el bien público suele quedar indefenso en innumerables ocasiones.
También quedamos indefensos algunos funcionarios públicos que intentamos ejercer nuestras funciones con honestidad. Desde mi reincorporación a mi puesto el pasado 16 de enero he contado con continuas obstrucciones a mi trabajo de Interventor.
Se ha llegado al extremo de que sigo sin contar con parte de mi documentación personal y profesional y que han desaparecido del departamento de Intervención los expedientes de las cuentas de los años 2001 a 2004, y sin que se me entregue el expediente de las cuentas del año 2003 reclamado y presuntamente enviado al Tribunal de Cuentas.
Y todo esto sólo tiene una explicación: no se me permite ver tales cuentas para que no pueda investigar e informar sobre el presunto maquillaje o falsificación en los resultados de las mismas, tal como informé por escrito en el año 2004 respecto a las cuentas del año 2001 y dije oralmente en la sesión del viernes 24 de la Comisión Informativa de Hacienda.
Y esta situación profesional agobiante e insoportable en lo personal se produce en una casi absoluta soledad, ya que el Secretario de habilitación nacional como yo, encargado de las funciones de fe pública y asesoramiento legal, no es el titular de tal puesto, está ilegalmente ocupando el puesto de Secretario, haciendo méritos para seguir en tal irregular situación sin la categoría necesaria para ello y sin haberse seguido el procedimiento legalmente establecido.
Como con los números de la baja temeraria.
En Bilbao a 26 de febrero de 2006.
Fdo: Fernando Urruticoechea Basozabal
Interventor General del Ayuntamiento de Castro Urdiales
