El ex interventor declara en el juzgado por la operación Brisan
De los siete detenidos que prestaron ayer declaración en el Juzgado de Instrucción número 1 de Las Palmas de Gran Canaria, (dos ex alcaldes que abandonaron el PP en la pasada legislatura, un ex concejal, un empresario y tres técnicos), consecuencia de la operación Brisan destaca Santiago Hernandez Suarez, ex interventor del Ayuntamiento de Santa Brígida y que ante el juez Alberto Puebla que instruye este caso declaró “ que sospechaba que se podía estar desviando dinero de las arcas municipales a través de los pagos a proveedores”, según afirmó su abogado, José Fleitas, al finalizar su testimonio.
Jose Fleitas explicó que el ex interventor, abandonó su puesto hace años y ahora trabaja en el departamento de Estadística de la institución, declaró que «la operatividad de Intervención y Fiscalización es correcta y no tuvo conocimiento de hechos delictivos, pero a la vista de los datos obtenidos en la investigación parece que sí se pudo montar una trama para sustraer fondos públicos a través de los proveedores del Ayuntamiento».
Hernández también señaló la dificultad que existe en el Consistorio de Santa Brígida para detectar anomalías «máxime cuando los políticos colocaban en los puestos de Intervención a personal no cualificado». El trabajador afirmó que pese a que para ser interventor es necesario tener una habilitación nacional «a los políticos no les interesaba colocarlos ahí».
El Letrado, que estuvo presente en las declaraciones de los tres trabajadores municipales, indicó que estaban «tranquilos, pero imagino que los políticos no deben estarlo tanto».
El juez, pidió a los técnicos que detallaran el funcionamiento de la administración pública, en especial en lo relativo a Intervención y a la relación con los proveedores.
Hernández fue el último de los tres empleados públicos en declarar
El juez decretó la libertad provisional con cargos para los siete primeros detenidos por presunta corrupción entre ellos los ex alcaldes del municipio Carmelo Vega y Antonio Díaz.
A Santiago Hernández Suárez, ex interventor, el juez le achaca delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos; mientras que a Antonio Ventura Rodríguez, empleado municipal, le vincula con otros de malversación de caudales públicos y falsedad documental y negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios. Además, Jacinto Hernández Álvarez, técnico municipal, deberá hacer frente a delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios.
