Un ex funcionario demanda por “mobbing” al Ayuntamiento, alcalde, interventora y asesor jurídico
FUENTE: www.vocesdecuenca.com
El juicio por una demanda por “acoso laboral” de un ex funcionario del Consistorio contra el Ayuntamiento, el actual alcalde, la interventora y el asesor jurídico se ha celebrado durante la mañana de este martes. El demandante, Luis Felipe Valero, entiende que, desde su toma de posesión el 19 de mayo de 2011 tras aprobar una oposición, hasta el 28 de junio, momento en el que la Junta de Gobierno Local decide declarar inválida su toma de posesión como funcionario, se produjo una “situación de acoso laboral”. En la anterior legislatura había ejercido como abogado contratado por la institución, contrato que fue resuelto por el Ayuntamiento un día antes de su toma de posesión como funcionario municipal.
Valero acusa al alcalde Juan Ávila de participar en “una campaña tanto a nivel interno como en la prensa por el Grupo Municipal Socialista, en la que de forma sistemática se decía que el contrato era para mí por ser afiliado del Partido Popular”. Además, el abogado explica en su demanda que “el asesor jurídico me dijo literalmente que la nueva corporación no quería que hiciera nada hasta ver qué hacían conmigo, teniéndome en esa situación durante varias semanas hasta consumar mi despido, por llamarlo de alguna forma”.
El ex funcionario municipal ha presentado junto con la demanda un total de 120 documentos que tratan de demostrar “la actitud de acoso laboral mantenida por las instituciones y las personas citadas”. El ex abogado del Ayuntamiento aprobó la oposición para la plaza de técnico de administración general y tomó posesión en el puesto de adjunto a la asesoría jurídica. Tras su toma de posesión, a su juicio se producen cuatro grandes circunstancias que incurren en el delito de acoso laboral: “Informes contradictorios de la intervención: declaración de inexistencia cuando yo lo ocupé y reconociendo su existencia cuando yo no estaba, tanto anterior como posteriormente; un informe de intervención de reparo a la nómina del mes de mayo que se resuelve una vez que yo acuerdo con el anterior alcalde que me saque de la nómina; numerosas cartas enviadas al asesor jurídico pidiendo trabajo sin que éste me respondiera en los dos meses en los que estuve como funcionario; y finalmente la decisión de declarar no válida mi toma de posesión como funcionario”.
Respecto a la decisión de la Junta Local de Gobierno de declarar no válida la toma de posesión, el acuerdo opina que “la plaza de técnico dicha es incompatible con el ejercicio que realizaba para el Ayuntamiento”. La interpretación del Consistorio es que, en consecuencia, “el contrato de práctica de la abogacía para el Ayuntamiento quedó resuelto, ya que no es pensable que se pudieran eliminar realidades ya producidas y existentes, o sea, servicios prestados”. Por tanto, expone que el ex funcionario no reunía el requisito “de no estar ligado por un contrato de abogado al Ayuntamiento”. Estas afirmaciones de la Junta de Gobierno Local fueron calificadas por el demandante como “inciertas, puesto que no hay peor mentira que una verdad a medias”, considerando “nula de pleno derecho” la decisión de declarar que no era funcionario municipal. Además, el ex funcionario alega que nunca llegó a cobrar ninguna nómina como funcionario por parte del Ayuntamiento.
Este “acoso laboral” es también fundamentado en la demanda con una serie de escritos que él mismo envió al asesor jurídico preguntando por “qué trabajo debía realizar”, en las que argumenta que “estoy a su disposición y esperando a recibir instrucciones sobre asuntos de asesoría jurídica”. Luis Felipe Valero explica que la primera comunicación que hubo por parte del Consistorio fue “para comunicar la decisión de declarar inválido mi contrato, estando dos meses contratado sin realizar actividad alguna”.
En cuanto a los informes de la interventora, señala que “el 22 de octubre de 2010 decía que había una vacante en ese puesto, el 26 de mayo de 2011, una vez que he tomado posesión, declara que el puesto es inexistente, y el 10 de julio de 2011 admite en otro informe la modificación del complemento específico del puesto”. Este último informe, “indica la reducción del complemento específico de 3.069 euros a 923”.
Este ex funcionario fue, además, nombrado como delegado de la sección sindical del CSI•F el día 4 de julio. En este juicio, el demandante pide, entre otras resoluciones, que “se condene a la Administración demandada y a las personas que se relatan al principio del presente al cese de la situación de acoso laboral, que se declare mi condición de funcionario de carrera desde la toma de posesión, que se declare no haber existido incompatibilidad, que se ordene al Ayuntamiento mi readmisión como técnico de administración y mi readmisión en el puesto que se me adjudicó; que se ordene el pago de mis haberes con los intereses devengados; o que declare nulos los acuerdos por los que a mi puesto de trabajo se le bajó de nivel 28 a 26 y el complemento específico”.
El Equipo de Gobierno ha señalado que hasta que no haya sentencia sobre el caso prefiere no hacer declaraciones.
