La Fiscalía archiva la denuncia de la secretaria de Cacabelos contra dos concejales

La Fiscalía de Área de Ponferrada ha ordenado el archivo de las diligencias de investigación incoadas a los concejales del Ayuntamiento de Cacabelos Gonzalo López Costero y José Giménez Martín (éste ya dimitido de su cargo) a instancias de la secretaria municipal, Pilar González Bello, por considerar que los hechos denunciados por ésta «no revisten caracteres de infracción penal». González Bello acusaba en su escrito a los mencionados ediles de un presunto delito de injurias y calumnias con publicidad a un funcionario público en el ejercicio de sus funciones, por haberle atribuído actuar en connivencia con el portavoz del Partido Popular.

El fiscal sostiene que esas manifestaciones están protegidas por la jurisprudencia que ampara el derecho a la libertad de expresión e información, incluso en el caso de críticas que puedan «molestar, inquietar o disgustar».

El decreto de la Fiscalía concluye que lo afirmado por Giménez y López Costero «carece de fundamento que permita sostener la comisión de infracción penal», y lo inscribe en el clima de enfrentamiento político que se vive en el Ayuntamiento de Cacabelos, alcanzando de forma «indirecta o colateral» a la denunciante.

«Se trata de opiniones efectuadas dentro del debate político, no resultando ajena, en el contexto en el que se efectúa, la crítica a la labor de la Sra. Secretaria del Ayuntamiento de Cacabelos que, como cualquier otra actividad de la función pública, no puede quedar fuera del campo de la crítica siempre que, de las expresiones proferidas, no se infiera un animus in iurandi, valoración que se considera debe efectuarse en el presente caso en atención al análisis del contexto y foro en el que se realizan, y del propio contenido de las expresiones realizadas, en las que no se desprende una intención de descrédito o deshonra a la persona de la Sra. Secretaria más allá de una crítica hacia su labor, careciendo de la gravedad necesaria para la imputación de un hecho delictivo como se pretende», argumenta el fiscal para ordenar el archivo de las diligencias.