A qué reclamaciones están expuestos los funcionarios de la Administración Local.

En la mayoría de los casos, por supuestos delitos de prevaricación. ¿Por qué ocurre esto? Porque el ciudadano que cree que se vulneran sus derechos muchas veces renuncia a la vía contenciosa administrativa por los costes que ello supone y por el resultado incierto de su reclamación. En otras ocasiones, la reclamación viene de parte de alguna autoridad que, no pudiendo ver satisfechos sus perversos deseos, “castiga” al funcionario con métodos espurios, para doblegar su voluntad, amenazándole con interponer una demanda por prevaricación, y ya te defenderás. Esto para el funcionario no resulta gratis. Además de haber soportado el acoso, se ve en la necesidad de solicitar una defensa que le acompañe en un procedimiento cuanto menos largo y angustioso, porque hasta los que nos sabemos inocentes nos impone la justicia. Más aún si el fiscal, que por lo general está obligado a iniciar una investigación, lo admite a trámite. Ya no digo nada sobre la amenaza de verse obligado a imponer una fianza civil, penal o contable, entre tanto se dirime si hubo o no hubo responsabilidad del funcionario. Eso si se dispone del efectivo o de crédito mediante un aval, de lo contrario se expone al embargo de bienes.

Es importante que el funcionario se sienta protegido frente a este tipo de actos que, aunque no lo parezca, están al orden del día.

¿Y el Tribunal de Cuentas? En parecidas circunstancias, una factura poco documentada puede dar pie a un viacrucis de ir y venir; declaraciones de unos y otros y, al final, ese importe que se pagó, por ejemplo, a una asociación sin ánimo de lucro para financiar sus actividades -pero que no se documentó adecuadamente- acaba recayendo de forma directa o solidaria en el bolsillo del funcionario. Esa espada de Damocles está ahí durante años.

Por algo más de 100 € al año, el funcionario puede quedar protegido, salvaguardar su patrimonio y, si lo es en justicia, restituir el daño al perjudicado o a la propia Administración, que no es poco.

Son muchas las tareas encomendadas al funcionario, muchas veces imposibles de abarcar con la premura y exigencia necesarias, de modo que puede producirse un error por acción o por omisión que ocasione un perjuicio económico a un tercero o a la propia Administración en sus bienes y derechos; o que no se produzca, pero que alguien se lo invente.

La mejor prevención es disponer particularmente de un seguro de Responsabilidad Civil Profesional como funcionario de la Administración Local, que le cubra la defensa penal, con libre elección de abogado y, si fuera el caso, que la aseguradora ingrese la fianza que se le requiera mientras se dilucida la responsabilidad, así como otras coberturas adicionales.

 

Enrique de Bas Sotelo

Socio de Urquía & Bas, correduría de seguros.