La administración territorial: el descontrol institucionalizado

Este artículo sobre la corrupción española versa sobre la administración territorial. Como es sabido, dicha administración comprende las comunidades autónomas y las corporaciones locales (diputaciones provinciales, cabildos y consejos insulares y ayuntamientos). En virtud de la autonomía de la que ambas gozan y muy especialmente de la falta de clarificación de las competencias que asumen, se han caracterizado por su elevado descontrol.

En el caso de las comunidades autónomas (CC.AA.), el descontrol reside en el uso abusivo que han hecho de las competencias administrativas que le ha transferido el Estado en virtud de los artículos 148 y 149. Debido a esa falta de claridad competencial y a su afán por regularlo todo, han conseguido desmembrar el mercado nacional convirtiéndolo en 17 mercados regionales y que sus gobiernos hayan despilfarrado sin medida en gastos públicos corrientes y de capital.

Por razones políticas repletas de intereses, las comunidades autónomas han realizado inversiones ruinosas en aeropuertos sin pasajeros, en autopistas sin coches, en edificios públicos sin uso, en empresas públicas fantasma, en embajadas encubiertas; y así en un largo etcétera de malversación de recursos públicos y de muchas comisiones de por medio. Algunas de ellas hasta han llegado a ocultar su déficit público real y lo han hecho siguiendo el mejor estilo griego. Para atender los impagos en las que una buena parte de ellas han incurrido y ante la imposibilidad de obtener crédito en el mercado, tales compromisos han tenido que ser atendidos por el Estado a través del Fondo de Financiación Autonómica (FLA).

Con todo, uno de los hechos más lamentables que han originado las autonomías ha sido la de provocar la ruina de la inmensa mayoría de las cajas de ahorro, un sistema financiero local con largo arraigo y confianza social. Mediante el control que han ejercido en sus consejos de administración, han acabado arruinando a la mayoría de ellas provocando su quiebra -más concretamente de los bancos que habían creado en su procesos fusión y absorción-, por lo que han tenido que ser intervenidas por el Estado. Los consejos de administración y altos cargos de dichas entidades han sido políticos, principalmente del PP, del PSOE y de la desaparecida CyU aunque las migajas también se han extendido a IU y a los dos grandes sindicatos: CC.OO y UGT. De manos de las comunidades autónomas a dichos cargos han accedido personas incompetentes en materia financiera -y con muy escasos escrúpulos- que han gestionado las cajas como un lupanar dilapidando  sus recursos en los negocios más variopintos.

En fin, si bien la corrupción autonómica ha sido generalizada y de ella no se ha librado ninguna comunidad autónoma, han destacado por su especial incidencia, Canarias, Andalucía, Baleares, Comunidad Valenciana, Madrid, Murcia, Cataluña y Galicia. En varias de ellas la corrupción la han encabezado sus propios presidentes –y consejeros- y en otras la han permitido directa o indirectamente. Los nombres de Manuel Chaves y José Antonio Griñán (Andalucía), Ramón Luis Valcárcel (Murcia), Jordi Pujol y Artur Mas (Cataluña), Esperanza Aguirre e Ignacio González (Madrid), Jaume Matas (Baleares), José Luis Olivas y Francisco Camps (Valencia), etc. han pasado a formar parte de la triste historia de la corrupción, del descontrol y del despilfarro autonómico.

En el caso de la administración local (diputaciones y ayuntamientos), la corrupción cuenta, por razones históricas, con mucho más arraigo que en las comunidades autónomas. En  la última década es difícil encontrar alguna diputación o un municipio mínimamente importante donde no se hayan producido casos de cohecho, de prevaricación, tráfico de influencias o malversación de fondos públicos en todo tipo de golferías. Y hasta alcaldes que estando inhabilitados por sentencia firme para el ejercicio de cargo público por alguno de estos asuntos, aun continúan gobernando en sus municipios.

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, pretendía como objetivo básico modernizar la estructura organizativa local para adaptarla a las exigencias de la Constitución y del nuevo diseño territorial del Estado. Por ella se concedía mayor autonomía a las corporaciones locales y se incrementaban sus competencias  en proporción a su dimensión poblacional; y también sus recursos financieros, aunque éstos siempre han sido insuficientes para atender sus necesidades. Uno de sus principales fallos fue el de relajar el control estatal en la fe pública de los actos y en la fiscalización de la gestión económico-financiera que en buena medida pasaba a mano de las corporaciones locales y de las comunidades autónomas. Así ocurrió con el prestigiado cuerpo de Secretarios, Interventores y Depositarios con habilitación nacional que, tras el cambio en su proceso de selección, ha devenido en un procedimiento bastante arbitrario, que requiere una mínima explicación.

El referido cambio en la provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, se contemplaba por los artículos 92 a 99  de la referida Ley 7/1985 y fue desarrollado por el Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio. Tras el mismo, dicho cuerpo ha pasado a convertirse en una correa de transmisión del poder político. El nuevo modelo de selección que se introdujo –el vigente- admite tres vías:

– La primera, es la habilitación nacional por concurso de méritos. Legalmente debe ser el procedimiento normal de provisión de los puestos de trabajo reservados a estos funcionarios; no obstante, esta vía está condicionada por las comunidades autónomas que son las competentes para clasificar los puestos de trabajo reservados a tales funcionarios y que pueden decidir hasta un 35% del perfil específico de las plazas a cubrir (el 65% restante corresponde al Estado).

– La segunda vía y excepcional, que tales puestos se puedan proveer por libre designación. Dicha provisión ha de hacerse entre habilitados de carácter nacional, con la salvedad de que las bases, denominación y requisitos de la convocatoria para cubrir estos puestos han de ser aprobadas por el Pleno de la Corporación. Los puestos de libre designación los determinan las comunidades autónomas y sólo podrá preverse para Diputaciones Provinciales, Cabildos, Consejos Insulares, Ayuntamientos, capitales de Comunidad Autónoma o de provincia y de municipios con población superior a cien mil habitantes y siempre que tengan asignado nivel 30 de complemento de destino. Cuando se trate de puestos de intervención o tesorería, además de los requisitos anteriores, se exige que el presupuesto ordinario de la corporación alcance un determinado límite.

– La tercera de las vías consiste en un procedimiento discrecional y temporal de provisión. En este caso, las plazas se cubren mediante nombramientos provisionales, comisiones de servicio y nombramientos accidentales o de interinos. Esta modalidad de provisión, que es discrecional y temporal, es la que se ha impuesto: los nombramientos y los ceses quedan a merced del partido político del gobierno local de turno. Baste señalar que de las 556.260 personas que prestaban sus servicios en la administración local en 2014,  solo 5.607 contaban con habilitación estatal.

La facultad discrecional de provisión de plazas de Secretarios, Interventores y Depositarios –las dos primeras vías tampoco son asépticas-, es una de las claves fundamentales que explican el incremento y generalización de corrupción en la administración local en la democracia, por la sencilla razón de que los que no se someten a los dictados de quien gobierne, son cesados.

Pero no solo los nombramientos antes mencionados son discrecionales en la administración local. Tal direccionalidad se ha extendido también al procedimiento de contratación del resto del personal que presta sus servicios en la misma ya que goza legalmente de autonomía para seleccionarlo. Esto explica que, en 2014, el 61,8% del personal que prestaba sus servicios en dicha administración fuese contratado y, en su inmensa mayoría, reclutado entre familiares, amígueles, miembros de los partidos políticos y otros especímenes por el estilo. Es decir, vulnerando sistemáticamente lo previsto por el artículo 103 de la Constitución que estipula que la administración pública ha de servir con objetividad los intereses generales y ha de actuar de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación. Y tampoco vela por que el acceso a la función pública se rija por los principios de mérito y capacidad. En fin, la falta de control en la administración local que se introdujo por los gobiernos de Felipe González y que continua vigente, no  garantiza la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones.

La conclusión de lo expuesto es obvia: en tanto que el cuerpo de interventores y secretarios locales no sea plenamente independiente del ejecutivo –del político de turno que rija la corporación- y responsable ante la justicia de sus actos, la corrupción local no se podrá erradicar.

Autor: Donato Fernandez Navarrete

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